Los acuerdos petroleros rusos en Hispanoamérica suelen reforzarse con contratos a largo plazo, empresas conjuntas y la provisión de financiación y asistencia técnica. Esto hace que a los países de la región les resulte muy difícil desvincularse de Moscú, aunque lo deseen. “Mediante el establecimiento y la profundización de relaciones económicas, especialmente en sectores clave como la energía (…), Rusia busca crear dependencias que puedan explotarse para ejercer influencia política. Esta estrategia económica no sólo proporciona a Rusia beneficios financieros inmediatos, sino que también ayuda a asegurar una influencia a largo plazo en la “región”.
Las exportaciones de petróleo ruso a Hispanoamérica se han incrementado desde el inicio de la guerra en Ucrania en febrero de 2022 según el informe del Centro para el Estudio de la Democracia (CSD), se sitúan actualmente en torno a los 300.000 barriles por días. Por ejemplo, en febrero de 2024, el superpetrolero ruso Ligera transportó más de 1,7 millones de barriles de crudo a Venezuela.
El interés de Moscú en Venezuela no es reciente. Según el CSD, alrededor del 23 por ciento de los acuerdos bilaterales desde 2004 hasta 2023 entre Caracas y Moscú referido al petróleo. Incluyen empresas conjuntas, adquisiciones, inversiones, préstamos, reprogramación de deudas, asignaciones de campos petrolíferos, comercio de crudo e incluso acuerdos de cooperación.
Empresas rusas como Rosneft se han asegurado lucrativos contratos petroleros estableciendo vínculos personales y financieros con las élites locales. Gracias a acuerdos opacos y a grupos de presión, las empresas rusas vinculadas al Estado se han hecho con grandes porciones del sector petrolero venezolano, a menudo eludiendo los procedimientos de contratación pública, explica Martin Vladimirov, director del CSD.
En abril de 2024, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, en presencia de la canciller boliviana, Celinda Sosa, afirmó que Bolivia es una de las prioridades de Rusia en Hispanoamérica. “Existen importantes oportunidades para aumentar la actividad mutuamente beneficiosa” en distintos campos, como la energía, dijo Lavrov, refiriéndose a la explotación de los yacimientos de Gazprom.
En 2018, Gazprom y la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) firmaron un acuerdo por el que la corporación energética rusas se comprometió a invertir unos USD 1200 millones en la exploración y producción del campo de la reserva de Vitiacua-X1, en el sur de Bolivia.
“Además del petróleo, las inversiones de, por ejemplo, la rusa Rosatom en el Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear en la ciudad de El Alto, de 300 millones de dólares, influyendo potencialmente en las decisiones políticas de Bolivia”, afirma Vladimirov.
El director de la Fundación Milenio, Henry Oporto, mediante un trabajo extraordinario, urgente y preocupante nos muestra que en Bolivia no se tiene el hábito de examinar con detalle los contratos que firma el gobierno con terceros países, en este caso referido a la explotación del Litio pasándose por alto aspectos fundamentales que es prudente conocer.
El contrato se firmó el año pasado en el mes de septiembre entre la Empresa estatal del Litio YLB y la empresa rusa Uranium One Group, contrato de asociación Accidental, la duración es de “solo” de 18 meses.
Compromiso fundamental es que YLB aportara con los recursos de las salmueras bolivianas y otros estudios.
Según Milenio, esta es una operación de alrededor de 1.000 millones de dólares, por consiguiente, es una operación que tendría que tener una duración de varios años y no de solo 18 meses, contradiciendo así al experto Vladimirov que indica que: Rusia busca inversiones de bajo costo y de “largo plazo”, utilizando la reducción de costos como herramienta geopolítica. Curioso el tiempo de contrato con Bolivia y la firma de otros contratos a saber:
Dos contratos que transfieren la propiedad de la planta de YLB, es decir durante la construcción de la planta, la misma es de propiedad de la empresa rusa.
El tercer contrato referido a la operación y mantenimiento, la empresa rusa construye la planta sin asumir la responsabilidad de la operación y del mantenimiento como debería ser. Tarea condicionada a YLB y sujeta además a la firma de nuevos contratos.
Al final de otro contrato, que se lo denomina “costos recuperables”, YLB se compromete a reponer a la Uranion toda la inversión que realice en la construcción de la planta de litio.
Esto causará incertidumbre en el pueblo boliviano a la firma del contrato por la planta del litio. Conclusión: Contrato fraudulento y leonino que perjudica al Estado boliviano y que producirá daños económicos, sociales y morales sin mejoras tecnológicas que beneficien a Bolivia.
