Un reciente estudio evidencia una opinión mayoritaria entre los bolivianos respecto a los juicios políticos: según la encuesta, el 66% de los ciudadanos cree que estos procesos judiciales contra líderes opositores, como Luis Fernando Camacho y Jeanine Áñez, están motivados por una persecución política.
Por otro lado, el 20% opina que estas acciones buscan justicia para el pueblo boliviano, mientras que un 14% no tiene una postura definida o prefiere no responder (ver documento adjunto).
La encuesta añade que Bolivia enfrenta un pesimismo generalizado, con apenas un 5% que cree que el país va por buen camino. Las principales preocupaciones son el desempleo, la corrupción política y la inflación.
El Monitor de Opinión Pública, elaborado por Ipsos Ciesmori, se basa en una encuesta realizada entre octubre y diciembre de 2024 que se llevó a cabo con una muestra representativa de 400 personas en Bolivia mediante entrevistas en línea. El margen de error es de ±4,9% y el nivel de confianza alcanza el 95%.
El estudio revela también que el 94% califica la situación económica del país como “mala”, el porcentaje más alto de la región y que cualquier otra encuesta similar realizada en Bolivia.
La investigación también indagó sobre las percepciones respecto a las elecciones judiciales en el país. Un 46% de los encuestados considera que debería implementarse una reforma en la que la selección de autoridades recaiga en una comisión de expertos independientes.
Sin embargo, el 41% está de acuerdo con mantener el voto popular como mecanismo de elección, y un 13% optó por no responder. Este resultado refleja una división de opiniones sobre el sistema actual y la búsqueda de mayor transparencia.
En cuanto a la evaluación del trabajo del Instituto Nacional de Estadística (INE) durante el censo de 2024, los bolivianos se muestran mayoritariamente críticos. Solo el 22% califica su labor como positiva, mientras que el 35% la considera negativa. El resto de los encuestados adoptó una postura neutral o no emitió opinión. Estos resultados resaltan una desconfianza generalizada hacia las instituciones públicas, particularmente en temas clave como el censo.
Sobre la imagen del presidente Luis Arce tras el denominado “intento de golpe de Estado”, un 40% de los encuestados considera que salió debilitado de este episodio, mientras que un 12% cree que se fortaleció. El 39% considera que no hubo cambios significativos en su imagen, y un 9% prefirió no opinar. Este panorama subraya la polarización política y la diversidad de interpretaciones sobre los acontecimientos recientes.
Ciesmori también abordó la situación actual entre Evo Morales y el Gobierno Nacional. Un 73% de los bolivianos percibe que esta relación está fuera de control y duda de la capacidad del gobierno para resolver el conflicto. Solo un 3% opina que la situación está bajo control, y un 15% confía en que el Ejecutivo logrará estabilizarla. Este dato pone de manifiesto la preocupación generalizada por las tensiones políticas internas en el país.
Finalmente, el estudio exploró las expectativas de los bolivianos sobre la posibilidad de que Evo Morales enfrente acciones legales. El 58% de los encuestados considera probable que el Gobierno intente detenerlo o enjuiciarlo por diversos cargos, incluidos trata y tráfico de personas y un 49% que lo enjuicie. Por otra parte, un 45% cree que las dos facciones del MAS eventualmente se unirán.
Este conjunto de percepciones resalta un panorama marcado por la desconfianza en las instituciones, la polarización política y el descontento social. Los resultados son un llamado de atención para las autoridades, que enfrentan el desafío de recuperar la credibilidad y fortalecer el sistema democrático en Bolivia.
