La Comisión Europea quiere aumentar los gravámenes sobre los combustibles fósiles para reducir radicalmente las emisiones de carbono, pero los miembros de la UE siguen divididos aunque la propuesta de imponer un gravamen al queroseno parece haberse quedado por el camino.
Las propuestas de la UE para reformar la fiscalidad de la energía en favor de opciones más ecológicas siguen en el limbo a pesar de la sugerencia húngara de mantener una excepción para las aerolíneas y el transporte marítimo, según se ha puesto de manifiesto hoy en una reunión de ministros de Economía.
En 2021, la Comisión Europea se adentró en un delicado terreno político al proponer la actualización de unas normas que se remontan a décadas atrás en materia de impuestos sobre la electricidad y los combustibles, con el objetivo de alcanzar unas emisiones netas de carbono nulas para 2050.
Dado que los 27 miembros de la UE tienen derecho de veto sobre los cambios en la política fiscal europea, su propuesta es ahora la única parte no completada de su paquete legislativo verde Fit-for-55, diseñado para reducir las emisiones un 55% por debajo de los niveles de 1990 a finales de la década.
Como reveló ‘Euronews’ en septiembre, Hungría propuso suprimir los impuestos sobre el combustible de aviación y navegación (manteniendo así una antigua exención a la que la Comisión pretendía poner fin), en un intento fallido de desbloquear la situación.
La idea de Budapest fue tachada de «absurda» por los grupos ecologistas, y Wopke Hoekstra, actual Comisario de la UE responsable de la política fiscal y climática, ha subrayado la incoherencia de gravar la gasolina con un 50% de impuestos y el queroseno de los aviones con ninguno. Pero países como Italia, Grecia y Chipre parecen preocupados por el impacto en la competitividad si la UE va por libre y sube los impuestos.
«La propuesta concreta puede causar problemas al turismo por el aumento de los costes de la aviación y la navegación marítima y fluvial», dijo a sus homólogos el Ministro de Hacienda griego, Kostis Hatzidakis, en una reunión en Bruselas, señalando que las normas no se aplicarían a destinos rivales no pertenecientes a la UE, como Turquía o el norte de África.
Aunque Francia, Suecia, Dinamarca y otros países están a favor de una ley más ambiciosa, la legislación fiscal de la UE requiere la unanimidad de los 27 miembros, para evidente disgusto de Hoekstra.
Claramente obsoleta
La legislación vigente, sin cambios desde 2003, está «claramente desfasada», dijo Hoekstra a los ministros, al tiempo que lamentaba la actual exención fiscal de la aviación. «Si un sector hace menos, otros tienen que hacer más; hay un elemento de equidad aquí», dijo.
El transporte internacional está exento del impuesto sobre el combustible en virtud de antiguos tratados internacionales, pero la UE esperaba aumentar los impuestos al menos para los viajes dentro del bloque. El sector de la aviación, por su parte, alega que ya paga por la contaminación a través del régimen de comercio de derechos de emisión de Bruselas.
La cuestión es también de gran calado político tras un periodo de inflación galopante vinculada a los altos precios de la energía. Una tasa verde sobre la gasolina y el diésel desencadenó las protestas de los chalecos amarillos en Francia en 2018, y una subida prevista del impuesto sobre la electricidad fue una de las varias medidas impopulares que provocaron la caída del Gobierno del primer ministro francés, Michel Barnier, este mes,
En su última cumbre antes de traspasar la Presidencia del Consejo de la UE a Polonia en enero, el ministro de Finanzas húngaro, Mihály Varga, pareció admitir que no había sabido gestionar unas exigencias que competían entre sí, y tal vez entraban en conflicto. «Hay que seguir trabajando en los expedientes de la directiva sobre fiscalidad de la energía», dijo Varga a sus colegas ministros, antes de terminar con un giro positivo. «En general, avanzamos en la dirección correcta», afirmó.
