El reciente Decreto 5271, que autoriza a privados la importación de diésel y gasolina para su venta en el mercado interno, ha generado expectativas y dudas en Bolivia. Mientras el Gobierno apunta a aliviar la escasez de combustibles, expertos y legisladores señalan que la medida podría incrementar los costos de producción y consumo al no contar con subvenciones, afectando a la economía de productores y ciudadanos. La norma tiene vigencia de un año y se posiciona como una solución provisional, que traspasa parte de la carga financiera de la importación al sector privado.
El Decreto 5271 establece que los productos importados por personas naturales o jurídicas privadas no serán sujetos a subvención. La persona natural o jurídica privada que importe diésel y gasolinas queda prohibida de comercializar en el mercado interno productos subvencionados.
Precio más caro
El asambleísta departamental, Luis Lema, considera que se liberó la importación de carburantes porque el Gobierno no tiene divisas para continuar pagando. Según un cálculo realizado sobre el costo que va a tener el carburante que sea importado por privados, Lema explica que la gasolina especial cuesta 8,68 bolivianos el litro en el mercado internacional, pero la venta subvencionada es de 3,72 bolivianos en territorio nacional.
Indicó que quien se anime a importar, debe asumir los costos desde el flete del transporte hasta la zona portuaria (Sica Sica, Iquique o Arica), pagar el seguro, luego el transporte a Bolivia, y en territorio nacional debe tener tanques especiales de almacenamiento, a partir de ahí fijar el precio de distribución o comercialización.
“Por eso el precio final va a ser alto, (…) yo creo que va estar por encima de los 10 bolivianos. Entonces, aquí hay una pregunta ¿el privado tiene dólares para importar?, ¿qué va a hacer el resto, el transportista el ciudadano?, ¿va a esperar tres días de fila o va a pagar los 10 bolivianos?”, mencionó.
Consultado si ve un “gasolinazo” encubierto, Lema argumentó que peor sería si no hay gasolina. Enfatizó que esta ha sido una exigencia de los agroindustriales, y que resta ver en qué desencadena, aunque adelantó que el costo lo asumirá el consumidor final.
Pocos resultados
El presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, recordó que desde el gobierno del expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé ya está vigente la importación de carburantes, pero que no ha tenido los resultados fructíferos por el costo de la importación, logística e impuestos.
Recalcó que el DS no autoriza a los surtidores a importar y comercializar carburantes, lo que refleja que continuará la dependencia de la importación que realice YPFB.
“Aquellos que puedan importar, les pongo un ejemplo, del 100% de los demandantes o consumidores de carburantes, con suerte, y siendo optimistas, solo un 5% va a importar para su consumo, quiere decir que la gran mayoría de los bolivianos todavía vamos a depender de la importación estatal, porque todos van a querer recurrir a un precio subvencionado”, apuntó.
Romero mencionó que la normativa también señala que los importadores que quieran comercializar, el precio estará regulado, lo que puede ocasionar un mercado paralelo, haciendo que algunos continúen comprando carburante subvencionado, pero otros, que lo requieran de manera urgente, deberán acudir a la parte privada.
El economista Gonzalo Chávez señaló que quienes se animen a importar diésel o gasolina tendrán la oportunidad de vender, aunque sin subsidio, pero que no podrán establecer sus propios precios, sino que estarán supervisados por la ANH.
“Así es, la ANH marcará la pauta de cuánto podrán cobrar, y no será una ganga. Los precios estarán en línea con la gasolina premium plus y súper premium, y en cuanto al diésel, prepárese para lo que venga, porque aquí no hay descuentos para nadie”, manifestó.
