El Órgano Ejecutivo informó que solicitó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que agilice el tratamiento y la aprobación del Proyecto de Ley de Modificación de la Ley 767, que “tiene como objetivo reactivar la inversión en actividades de exploración y explotación, tanto mediante inversión pública a través de YPFB, como mediante inversión privada de las empresas socias, a través de la implementación del Plan de Reactivación del Upstream (PRU)”.
El viceministro de Exploración y Explotación de Recursos Energéticos, Raúl Mayta, explicó que este cambio incluirá incentivos adicionales para producir gas, ampliando las categorías de producción y facilitando un ambiente propicio para las inversiones extranjeras y nacionales.
De acuerdo con la autoridad, la reforma a la Ley para Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera busca establecer un marco contractual más ágil y eficiente para la aprobación de nuevos contratos de exploración y explotación, reduciendo significativamente los tiempos de espera y la burocracia que anteriormente retrasaban la ejecución de proyectos.
La agencia estatal de noticias ABI, dio cuenta que el proyecto de ley se fue trabajando en el marco de acuerdos entre el Gobierno nacional y el sector privado para dinamizar la economía y enfrentar los desafíos actuales. “En este sentido, considerando el contexto de la industria en el país, así como los plazos para la incorporación de nueva producción, el Órgano Ejecutivo solicitó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que agilice el tratamiento y la aprobación de la propuesta de modificación de la Ley 767”, destacó.
Según el reporte, actualmente “la industria del gas natural cuenta con condiciones favorables”, tanto a nivel nacional como internacional; por ello, la estrategia se enmarca en un contexto regional favorable, en el cual Bolivia mantiene su rol como proveedor estratégico de gas para Brasil y opera como país de tránsito para el gas argentino proveniente de Vaca Muerta hacia el mercado brasileño.
El Plan de Reactivación del Upstream (PRU 2021-2025) abarca, actualmente, la ejecución de 56 proyectos de exploración y producción de hidrocarburos, con una inversión de riesgo de aproximadamente $us 1.700 millones, detalló ABI.
Demasiado tarde
El analista y ex ministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, consideró que todos los intentos del Gobierno por modificar normas e, incluso proponer una nueva Ley de Hidrocarburos, son a “destiempo”, porque eso se debió hacer cuando iniciaba la gestión del Presidente Luis Arce, en 2021, incluso hace 10 años atrás, cuando era ministro de Economía.
“El gobierno está tratando ahora, a último momento y muy a destiempo, cuando se debió hacer esto hace diez años, cinco años o cuando el Presidente tomó control del país. Debió trabajar y proponer una nueva Ley de Hidrocarburos, porque lo que está pasando ahora, lo conocíamos hace diez años, sabíamos que esto venía”, dijo en referencia a la caída de la producción de gas y la crisis de combustibles.
“Ahora, tratar de impulsar una ley, en un parlamento que está en etapa eleccionaria y que, si algo sale, será un mamarracho porque no hay cohesión. Y segundo, en esta etapa electoral, ¿usted cree que las empresas petroleras van a invertir en este momento?”, cuestionó.
Sostuvo que, en caso de pretender una nueva ley sectorial, ésta “debe estar perfectamente bien hecha y tiene que ser muy contundente para generar inversiones en un país que ha violado las reglas de juego, que ha creado inseguridad jurídica, que ha nacionalizado y que ha hecho acciones contra la inversión privada”.
Ríos fue más allá al considerar que Bolivia debe cambiar de su actual modelo económico a un modelo más abierto, más liberal, “donde tengamos varios proveedores de combustible, de gasolina, de diésel, de GLP y no uno solo que nos desabastezca”, apuntó.
