El Proyecto de Ley de Modificación de la Ley 767 tiene como objetivo reactivar la inversión en actividades de exploración y explotación, tanto mediante inversión pública a través de YPFB como mediante inversión privada de las empresas socias, a través de la implementación del Plan de Reactivación del Upstream (PRU).
El Gobierno no solo busca aumentar la producción de gas y condensados, sino también inyectar divisas al país
Asimismo, la reforma a la Ley para Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera busca establecer un marco contractual más ágil y eficiente para la aprobación de nuevos contratos de exploración y explotación, reduciendo significativamente los tiempos de espera y la burocracia que anteriormente retrasaban la ejecución de proyectos.
El proyecto de ley se fue trabajado en el marco de acuerdos entre el Gobierno Nacional y el sector privado para dinamizar la economía y enfrentar los desafíos actuales. En este sentido, considerando el contexto de la industria en el país, así como los plazos para la incorporación de nueva producción, el Órgano Ejecutivo solicitó a la Asamblea Legislativa Plurinacional que agilice el tratamiento y la aprobación de la propuesta de modificación de la Ley 767.
Al respecto, el viceministro de Exploración y Explotación de Recursos Energéticos, Raúl Mayta, explicó que este cambio incluirá incentivos adicionales para producir gas, ampliando las categorías de producción y facilitando un ambiente propicio para las inversiones extranjeras y nacionales.
Actualmente, la industria del gas natural cuenta con condiciones favorables tanto a nivel nacional como internacional; por ello, la estrategia se enmarca en un contexto regional favorable, en el cual Bolivia mantiene su rol como proveedor estratégico de gas para Brasil y opera como país de tránsito para el gas argentino proveniente de Vaca Muerta hacia el mercado brasileño.
Con relación al mercado interno, el Gobierno considera al gas como un elemento fundamental en la transición energética. «Esta es una ventana de oportunidad que debemos aprovechar para fortalecer nuestra economía y asegurar el abastecimiento interno», enfatizó Mayta.
La actual política energética está orientada a fortalecer la seguridad energética y consolidar a Bolivia como exportador de gas. En este sentido, el Gobierno puso en marcha en 2021 el Plan de Reactivación del Upstream (PRU 2021-2025). Este programa abarca, actualmente, la ejecución de 56 proyectos de exploración y producción de hidrocarburos, con una inversión de riesgo de aproximadamente $us 1.700 millones.
El plan tiene como objetivo agilizar la ejecución de estos proyectos para reducir los tiempos de espera y maximizar los beneficios en la producción de hidrocarburos. “Podemos ejecutar estos 1.700 millones de dólares en 20, 10 o incluso en 5 años, dependiendo de nuestra capacidad financiera y económica”, explicó Mayta. “Queremos acortar estos tiempos incorporando inversión extranjera, lo que permitirá ver resultados en términos de producción e incremento de reservas en menor plazo”, agregó.
El Gobierno no solo busca aumentar la producción de gas y condensados, sino también inyectar divisas al país y dinamizar la economía.
