El Pacto Fiscal sigue siendo un tema demorado por el Gobierno Nacional, pese a contar con los nuevos datos del Censo de Población y Vivienda. Para este 28 de octubre se ha convocado al Consejo Nacional de Autonomías, oportunidad en la que se prevé hablar de la economía del país, las leyes crediticias paralizadas en la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero el Pacto Fiscal es un tema no contemplado en la agenda. Representantes de la institucionalidad tarijeña y expertos en el área creen que este tema está siendo demorado por la falta de disponibilidad financiera del país.
Cabe puntualizar, que ya han pasado 14 años desde la promulgación de la Ley N°031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, normativa que asigna nuevas competencias a los niveles subnacionales y manda a realizar un Pacto Fiscal para la redistribución de recursos para cumplir estas nuevas obligaciones. Pero aún no se lo hizo, y es el nivel central de gobierno el que maneja el 85% de los recursos y el restante 25% es distribuido en gobernaciones, alcaldías y universidades.
Pedido de Pacto Fiscal
Si bien en el último encuentro del movimiento cívico del departamento de Tarija, celebrado en la ciudad de Yacuiba, habían determinado exigir que la redistribución de recursos sea 50% para el nivel central de gobierno y el restante 50% para los niveles subnacionales y universidades, el presidente del Comité Cívico de Tarija, Jesús Gira, señaló que en el encuentro nacional se ha hecho un análisis de este tema y han podido advertir que el Gobierno no tiene la intención de tocar el tema del Pacto Fiscal.
“También ha empezado a correr el rumor, que el Gobierno no quiere realizar el Pacto Fiscal porque el país no tiene la capacidad económica. Entonces qué estamos proponiendo como Tarija, que el Gobierno tiene que tocar las puertas del Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, para créditos que vayan directamente a los municipios y no para la administración del Gobierno”, indicó.
Gira advierte que la ausencia de este Pacto Fiscal es justamente por la falta de voluntad política del Gobierno, ya que la tarea ha sido pospuesta desde el Censo del 2012. Y que a pesar de las múltiples reuniones del Consejo Nacional de Autonomías realizadas en estos últimos meses, se han debatido otros temas y no la redistribución de recursos.
Redistribuir competencias
El representante del Comité Interinstitucional por el Censo en Tarija, Rodrigo Fuenzalida, señaló que con los recientes resultados estadísticos que se han dado en torno al Censo 2024, ya debía haberse encaminado el tema del Pacto Fiscal, el cual no solamente debe centrarse en la redistribución de recursos económicos, sino también debe contemplar una redistribución de competencias.
“Si no hay esta redistribución de competencias, los municipios están destinados a seguir el mismo camino de lo que en Tarija son las subgobernaciones, que ya no tienen recursos para hacer programas y simplemente son instituciones de obras o de proyectos que tiene la Gobernación”, refirió.
Fuenzalida señaló que el pedido de Pacto Fiscal es una demanda de todas las regiones del sur, las cuales se han puesto la tarea de alistar una propuesta hasta fin de año, para exigir que los recursos que actualmente tienen destino a las empresas deficitarias, sean revertidos y pasar a los gobiernos municipales para invertirse en temas de servicios básicos, salud y educación.
“Por supuesto que el Gobierno ya no puede seguir manejando más del 80% de los recursos nacionales, porque no se ve esa inversión equitativa en los municipios”, expuso Fuenzalida, al tiempo que expresó su discrepancia con la propuesta de 50% que habían propuesto con anterioridad el movimiento cívico tarijeño, advirtiendo que es inviable una medida de esta magnitud.
Ortuño sobre el Pacto Fiscal:No hay dinero para repartir
El doctor en derecho autonómico, Esteban Ortuño, tras analizar el contexto y la dejadez del Gobierno en torno a la ejecución del Pacto Fiscal, advirtió que el país ya no tiene dinero para repartir y que ese es el motivo principal de por qué se dilata este tema.
“No hay dinero para repartir, estamos en una crisis económica solapada, hasta cierto punto una crisis económica negada por el nivel central del Estado, que al momento de sentarse a repartir las ya migajas del Pacto Fiscal, va a hacerse latente de inapelable la determinación de la crisis económica que vive el Estado”, apuntó.
Ortuño señaló que tampoco es raro que cuando se trate de distribuir recursos económicos a los niveles autonómicos el Gobierno postergue esa obligación. “Esta no es una prioridad para este gobierno ni los anteriores gobiernos, porque no han tomado en cuenta el desarrollo económico y competencial del departamento, municipios y regiones”, dijo.
En esa misma línea, cuestionó la agilidad del Gobierno en las tareas que se tratan de sacarle recursos a los niveles autonómicos, haciendo referencia a la Ley de Incentivos Hidrocarburíferos, empero, agregó que cuando se trata de redistribuir recursos, lo postergan.
“En todo caso, el Pacto Fiscal que viene, no es el que le conviene a Bolivia ni a los niveles autonómicos, porque esto ya ha quedado caduco. La noción del reparto de recursos tradicionales del Pacto Fiscal es anacrónica con el nivel autonómico, y más allá de la repartición o no que tiene que hacerse en algún momento, creo que el desafío está en replantear una nueva forma de generar o permitir que las entidades territoriales generen sus propios recursos sin la intervención económica del nivel central”, indicó.
Suman las tareas pendientes del Gobierno
El representante del Comité Interinstitucional de Tarija, Rodrigo Fuenzalida, señaló que el Gobierno sigue sumando las tareas pendientes, entre ellas, está la falta de socialización de los resultados del Censo de Población y Vivienda, ya que existen varias observaciones. Además, que no ha podido explicar sobre la inviabilidad de varios municipios que han disminuido sus habitantes.
También está la asignación de ítems. Advierte que Tarija tiene una demanda de 2.000 ítems para profesionales en salud, déficit que actualmente cubren los municipios y la Gobernación.
