La caída del precio internacional de la soya ha encendido alarmas en Bolivia, un país donde este grano es uno de los pilares de la economía agrícola y una fuente crucial de ingresos por exportaciones no tradicionales. Los productores bolivianos, especialmente los pequeños y medianos, enfrentan un escenario sombrío que amenaza con desestabilizar no sólo la producción de soya, sino también la seguridad alimentaria y la estabilidad económica del país.
El desplome del precio de la soya tiene raíces en varios factores internacionales. Entre ellos, la sobreproducción de Estados Unidos ha jugado un papel crucial. Este año, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) pronosticó una cosecha récord, impulsada por condiciones climáticas favorables. Esta abundancia en la oferta ha ejercido una presión significativa sobre los precios en los mercados internacionales, particularmente en la Bolsa de Chicago, donde los futuros de la soya han caído por debajo de los 350 dólares por tonelada métrica.
A esta sobreproducción se suma la desaceleración económica de China, el mayor importador de soya del mundo. La ralentización del crecimiento chino ha reducido la demanda de este grano, exacerbando aún más la caída de precios. Este doble golpe, proveniente de la oferta y la demanda, ha puesto en una posición extremadamente difícil a los exportadores de soya en América Latina, incluyendo a Bolivia, que si bien es un productor menor en comparación con gigantes como Brasil o Argentina, depende en gran medida de esta industria para su estabilidad económica.
Consecuencias
En Bolivia, la situación es particularmente grave debido a la limitada capacidad productiva en comparación con otros países de la región. Jaime Hernández Zamora, gerente general de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), explica que los productores bolivianos ya enfrentan desventajas estructurales significativas. “Nosotros, como sector productivo, sabíamos que esta situación podría ocurrir en cualquier momento. Por ello, durante años hemos insistido al Gobierno en la necesidad de viabilizar el acceso a nuevos eventos de biotecnología para los productores bolivianos”, señala.
Sin embargo, la falta de adopción de biotecnología en Bolivia ha resultado en una productividad mucho menor en comparación con países como Brasil y Argentina, donde el uso de semillas transgénicas y otras tecnologías avanzadas es común. Esta desventaja productiva significa que los agricultores bolivianos son menos capaces de absorber el impacto de la caída de precios, lo que pone en riesgo no sólo la producción de soya, sino también la de cultivos rotativos como el maíz, sorgo, trigo y girasol, explica Hernández.
El impacto económico se extiende más allá del campo. La soya y sus subproductos, como la harina y el aceite, representaron en 2023 más de 1.700 millones de dólares en ingresos por exportaciones, consolidándose como el principal rubro de exportaciones no tradicionales del país. Con la caída de precios, estos ingresos están en peligro, lo que podría reducir significativamente la entrada de divisas, agudizando aún más la ya delicada situación económica del país.
Un golpe devastador
Fernando Romero, presidente del Colegio de Economistas de Tarija, ofrece una visión preocupante sobre cómo esta crisis afecta a los pequeños y medianos productores. “La caída del precio de la soya tendrá un impacto significativo en la rentabilidad y sostenibilidad de los pequeños y medianos productores, quienes no cuentan con la solidez financiera que tienen los grandes productores de soya en el oriente boliviano”, comenta. Según Romero, muchos de estos productores podrían verse forzados a abandonar sus tierras debido a la inviabilidad económica de continuar con la producción bajo las actuales circunstancias.
Considera que la situación es tan crítica que podría desencadenar una crisis alimentaria si no se toman medidas urgentes. La reducción de las áreas de siembra para la campaña de verano 2024-2025 parece inevitable, lo que podría disminuir el abastecimiento del mercado interno y elevar los precios de los alimentos básicos, afectando directamente la seguridad alimentaria del país.
Romero sugiere que el Gobierno debería implementar políticas crediticias de emergencia, como fideicomisos, para ayudar a los productores a superar esta crisis. Sin embargo, advierte que, de no tomarse medidas inmediatas, la reducción en la producción de soya podría tener efectos devastadores en la economía rural, incluyendo la pérdida de más de 150 mil empleos directos e indirectos que genera la cadena productiva oleaginosa.
Crisis cambiaria
La caída en los ingresos por exportaciones también tiene implicaciones a nivel macroeconómico. Con la disminución en la entrada de divisas, el Gobierno enfrenta una mayor presión para mantener la estabilidad del tipo de cambio, en un contexto donde ya existe escasez de dólares en el mercado interno. Romero advierte que esta situación podría forzar al Gobierno a realizar ajustes fiscales significativos, incluyendo recortes en el presupuesto, lo que podría afectar aún más la economía nacional.
Además, la disminución de la producción y el empleo en el sector agrícola podría tener un efecto multiplicador en toda la economía, reduciendo la demanda interna y afectando el crecimiento económico general. Según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Bolivia crecerá apenas un 1,7 por ciento en 2024, una cifra que podría revisarse a la baja si la crisis del sector soyero se profundiza.
Perspectivas futuras
El futuro del sector soya en Bolivia parece incierto. Para el gerente general de la Anapo, la adopción de biotecnología se presenta como una solución a largo plazo para mejorar la productividad y hacer frente a las fluctuaciones del mercado internacional. No obstante, esto requiere un cambio en las políticas gubernamentales y una mayor apertura a las innovaciones tecnológicas.
Según un estudio elaborado por la Facultad de Ciencias Agrícolas (FCA) de la Universidad Gabriel René Moreno (Uagrm), la introducción de la soya Intacta (RR+Bt), un organismo genéticamente modificado o transgénico, el aumento del rendimiento agrícola podría traducirse en un excedente de 5.442.729 toneladas para el 2030, cuyo valor de exportación llegaría a 3.500 millones de dólares.
Mientras tanto, los productores enfrentan una lucha cuesta arriba para mantenerse a flote. Sin un apoyo adecuado, argumenta Hernández, muchos podrían verse obligados a abandonar la producción, lo que no sólo afectaría la economía rural, sino que también podría tener repercusiones más amplias en la estabilidad económica del país.
