El dirigente político y empresario Samuel Doria Medina reveló que el presidente de Paraguay, que visitó Bolivia recientemente, informó que unas mil empresas bolivianos han decidido trasladar sus negocios al país vecino en lugar de expandir sus proyectos en Bolivia.
“Nos enteramos de que mil empresarios bolivianos están en el vecino país, que lo han preferido en lugar de ampliar sus proyectos aquí”, dijo Doria Medina al referirse a la llegada al país hace unos días de Santiago Peña Palacios, el mandatario paraguayo, con quien se reunió en La Paz.
Doria Medina hizo esas declaraciones en su discurso durante el Congreso Internacional de Derecho en Sucre, evento que reunió a especialistas que debatieron la importancia de la independencia judicial.
Según varios estudios internacionales, bajo el Gobierno del MAS, Bolivia tiene uno de los entornos más negativos para la actividad empresarial, como altos impuestos, elevada carga social, avasallamientos de tierras, chantajes de parte del Estado a los empresarios, informalidad creciente, elevada burocracia y, en tiempos recientes, una crónica ausencia de divisas.
Según el más reciente informe de Heritage Foundation respeto a la libertad económica en el mundo, Bolivia ocupa el puesto 165 de 169 países. Existe una relación, dice esa entidad, entre libertad económica y desarrollo. Los países que lideran el ranking son Singapur, Suiza, Irlanda y Taiwán; en los últimos lugares se encuentran Sudán, Venezuela, Bolivia, Cuba y Corea del Norte.
En el caso de Latinoamérica los países con mayor libertad económica son Chile, Uruguay y Costa Rica, que a la vez son los que tienen mayor índice de desarrollo humano en la región; e los últimos lugares están Bolivia, Venezuela y Cuba, caracterizados por elevados índices de pobreza.
Bolivia ocupa el puesto 165 de 169 países clasificados a nivel mundial y el puesto 30 de 32 a nivel regional.
En su discurso en Sucre, Doria Medina afirmó que la justicia boliviana es corresponsable de la crisis social y económica que atraviesa el país y denunció el estado de “despotismo judicial” que impera en Bolivia.
“La justicia es corresponsable de la crisis porque no garantiza imparcialidad y tiende a extorsionar a los litigantes. Ante esto, los inversionistas prefieren desviar su capital al consumo o trasladarlo a otro lugar”, expresó Doria Medina. Quienes arriesgan su dinero, dijo, “no pueden aceptar una justicia tan impredecible como la boliviana, donde no manda la ley sino los más sinvergüenzas y aquellos con contactos políticos”.
Durante su discurso, Doria Medina citó dos casos en su contra promovidos por el Estado, en los que se recurrió a fallos constitucionales para alterar resultados de arbitrajes privados. “El Tribunal Constitucional se ha convertido en una instancia de juzgamiento, y no solo en la última etapa del juicio, sino que interviene en los procedimientos mientras estos se desarrollan”, manifestó.
El empresario señaló que, si hubiera un genuino deseo de justicia, el Tribunal Constitucional debería abstenerse de opinar sobre los juicios en primera instancia, salvo en casos plenamente justificados. “En cambio, este Tribunal se involucra en todo y en nada; y eso ha deformado completamente los procedimientos”, agregó.
También mencionó que el “despotismo judicial” se evidencia en la inexistencia de prescripción para ninguna acusación y en casos como el suyo, donde una sentencia favorable fue desconocida por pretextos formalistas relacionados con la forma de notificación. “Si a una empresa importante le hacen eso, imaginemos qué sufrirá el ciudadano común que no puede contratar abogados”, concluyó.
