Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) debe a los cocaleros de las Seis Federaciones del Trópico la suma de 800 mil dólares por “compensación de servicios”, según el expresidente y dirigente cocalero, Evo Morales.
Un monto similar ya fue depositado a las arcas de los cocaleros . Es decir, la estatal petrolera se comprometió a pagar a la organización cocalera 1.6 millones de dólares.
El político añadió que con esos recursos, más cien mil bolivianos que tienen en una cuenta bancaria y los aportes mensuales de 10 bolivianos de cada socio, compraron por 25 mil dólares, dos hectáreas en Valle Sajta para instalar una estación de servicio de carburantes, la misma que hasta la fecha no funciona porque no tiene autorización del Gobierno.
“Empezamos a tramitar, yo hablé con el presidente Lucho (y me dijo) ‘de una vez hagan’. (…) decidimos, compramos (hicimos el) trámite, (pero) hasta ahora no nos autorizan para instalar nuestra estación de servicio”, se quejó Morales en la inauguración del decimo sexto congreso de las Seis Federaciones del Trópico.
En enero de 2022, la empresa estatal YPFB Transporte informó que compensa financieramente la suma de 1.6 millones de dólares “a las comunidades campesinas de las 6 Federaciones del Trópico de Cochabamba por impactos socioambientales derivados de la construcción del gasoducto Carrasco – Cochabamba (2008)”.
En un comunicado aclara que por problemas administrativos internos de las comunidades en 2009 no pudieron hacer ese depósito pero que “a la fecha, habiendo cumplido los requisitos establecidos por norma, estas comunidades recibieron un 50% que deberá ser invertido en proyectos de estaciones de servicio de provisión de gas natural, gasolina y diésel”.
El otro 50% que la estatal petrolera se comprometió a pagar a los cocaleros está condicionado “a que se demuestre el avance físico y financiero correspondiente a los proyectos”. En este caso, la estación de servicio de carburantes.
Morales dijo que siente que para la autorización de esa obra les “están pidiendo plata” ya que, según denuncias que asegura que recibió, funcionarios de Gobierno “están pidiendo 20, 30 mil dólares para pagar y que nos autoricen. No podemos aceptar eso”.
El congreso de los cocaleros se extenderá hasta el miércoles y tratará temas de su sector y otros.
