Analistas, políticos y representantes de las instituciones cruceñas observaron que la administración del presidente Luis Arce haya profundizado la brecha de relacionamiento con el departamento de Santa Cruz en sus últimos tres años de gestión gubernamental.
El conflicto por la fecha del próximo Censo Nacional de Población y Vivienda, la situación económica, la toma ilegal de tierras y la aprehensión de autoridades y activistas cruceños, son algunos de los temas que han agrandado aún más esta brecha que viene desde el gobierno de Evo Morales (2006-2019).
La asambleísta departamental por la alianza Creemos, Paola Aguirre, manifestó que la gestión del presidente Arce ha “profundizado las brechas que separan al departamento de Santa Cruz del Gobierno nacional” porque el mandatario ha dejado de lado “situaciones” que requieren atención especial por parte del Estado como la salud, la economía, el narcotráfico y la protección al medioambiente, para destinar recursos para “meter presa” a la gente de Santa Cruz.
“Es un hecho sin precedentes que tengamos, ahora mismo, al gobernador del departamento más grande del país, como es Luis Fernando Camacho Vaca, secuestrado en manos del régimen de Luis Arce”, indicó la asambleísta departamental por Creemos.
Lamentó que la política, impulsada por el Movimiento Al Socialismo (MAS), genera más distanciamiento entre el Gobierno con Santa Cruz, y quienes terminan perjudicados son los ciudadanos.
El paro ciudadano de 36 días realizado en octubre y noviembre del 2022, que exigía la ejecución del censo de población y vivienda, y el cabildo de enero de este año, que determinó la liberación de unos 180 presos políticos y el revocatorio del presidente Arce, son dos señales de la tensión.
Por su parte, el concejal por Comunidad Autonómica (C-A), José Alberti, ve que la relación política entre el Gobierno nacional y Santa Cruz “es pésima” porque no existen canales de comunicación y tampoco de cooperación. “El Gobierno impone en la región, impone al Gobierno departamental y a los 56 Gobiernos municipales, ahí se ve una falta de relación. Hay una imposición del centralismo en lo que se refiere a la administración del Estado, el poder político y al manejo financiero y presupuestal”.
Agregó que la relación con el Estado tiene que “profundizarse y mejorarse” dentro del marco de las autonomías y el ejercicio real de lo que significa un estado autonómico, donde se puede tener incluso “nuestra propia policía”.
Sobre la gestión de Arce, el vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Reinerio Vargas, dijo que ha generado conflictos y separación entre bolivianos. “Se tiene una economía quebrada con colas para cargar combustible, lo que genera dificultad para el transporte. Y a lo único que nos podría salvar, el agro y la ganadería, se les ponen obstáculos”, complementó.
Sobre la relación de Santa Cruz con el Gobierno central, Vargas dijo que es “una relación tóxica” sin un futuro promisorio. “De boca para afuera hablan de apoyar a Santa Cruz, pero de boca para adentro es para poner obstáculos (a Santa Cruz). No hay la voluntad política, ni tampoco la voluntad para apoyar el desarrollo de Santa Cruz, que es la posibilidad que se tiene para salvar la economía”.
El analista José Orlando Peralta sostuvo que la dirigencia política cruceña y el Gobierno central tienen una relación conflictiva, que tiene un antes y un después con la detención del gobernador cruceño. “La detención de Camacho, tras los 36 días de paro, sabe a derrota política porque se detiene a la máxima autoridad del departamento y eso en perspectiva tiene una grave connotación porque acentúa el distanciamiento”.
