Electrificación, electromovilidad o generación distribuida son conceptos que se escuchan con cada vez más frecuencia en el sector energético y que están asociados a una gran idea matriz: la descarbonización.
Se trata de la principal herramienta para luchar contra el cambio climático y que implica el paso desde una economía basada en combustibles fósiles, como la que tenemos hoy, hacia una sostenida en las energías renovables.
Lo anterior se debe a que diversos estudios atribuyen el cambio climático a los combustibles fósiles, y la recomendación es reducir su uso y reemplazarlos con energías como la eólica o solar, así como con combustibles de futuro como el hidrógeno verde.
Por ello, decenas de países están siguiendo este camino, incluidos los de América del Sur, aunque con diferentes enfoques, plazos y objetivos.
La hoja de ruta de Perú
Uno de los países de la región más avanzados en este proceso es Perú. Aunque la economía andina ha experimentado un largo periodo de inestabilidad política, este es un tema que ha trascendido los gobiernos y sobre el que existe un amplio consenso.
Hace algunas semanas, el Ejecutivo de Dina Boluarte presentó su hoja de ruta «Redes Inteligentes para Perú», cuyo objetivo es contar con un sistema eléctrico totalmente inteligente en 2030.
Esto implica pasar del modelo tradicional de distribución eléctrica a uno mucho más moderno que utilice tecnologías disruptivas y permita «lograr un servicio competitivo, confiable y sostenible con la participación de la demanda y contribuir a la descarbonización del país», según el documento.
Entre sus objetivos destaca la promoción de la participación directa de los consumidores de electricidad, permitiéndoles gestionar activamente su consumo eléctrico y poder reducirlo en ciertas horas para beneficiarse de un menor pago en su factura mensual de luz.
También se busca facilitar el almacenamiento de energía y el desarrollo de la electromovilidad, además de mejorar la calidad del servicio y reducir los cortes de luz, lo que mejoraría la satisfacción de los usuarios.
La visión que ha prevalecido en Perú es que la modernización de las redes generará demanda por servicios como la electromovilidad y la electrificación de los consumos, lo que a su vez aumentará la demanda por energías verdes y promoverá la descarbonización.
Este enfoque es compartido por otros países como Uruguay y Colombia.
Chile, con otra estrategia
Chile, por otro lado, ha adoptado una estrategia diferente. El Gobierno de Gabriel Boric lanzó recientemente una agenda llamada «Segundo Tiempo de la Transición Energética», centrada en resolver obstáculos para el desarrollo de un parque energético en su mayoría renovable, con medidas orientadas a la generación y transmisión.
Empresas Eléctricas, el gremio que reúne a las distribuidoras eléctricas del país, ha expresado interés en la iniciativa peruana de modernización del sector de distribución eléctrica y la transición hacia redes más inteligentes.
Advierten que Chile se está quedando atrás en este aspecto, en comparación con otros países de la región y naciones desarrolladas, y que debe iniciar un proceso similar para lograr redes eléctricas más robustas, flexibles y modernas que faciliten la llegada de la transición energética a los hogares en el mediano plazo.
«Hoy vemos con preocupación que este tema no parece ser prioritario dentro de la agenda energética del Gobierno. Creemos que es importante que el Estado aborde este desafío con sentido de urgencia, de modo que podamos llegar a tiempo y mejorar así la calidad de vida de las familias chilenas», agregan desde Empresas Eléctricas.
En tanto, Rodrigo Castillo, director académico del Magíster en Regulación Económica de la Universidad Adolfo Ibáñez, agrega que, aunque Chile ha expandido con éxito su red eléctrica, el modelo regulatorio actual puede ser un obstáculo para la transición a redes modernas debido a normas y procedimientos desalineados con las tecnologías emergentes y las necesidades de la sociedad.
Propone que la reforma regulatoria en la distribución eléctrica debe ser prioritaria para permitir la innovación, la adopción de nuevas tecnologías y la protección de los consumidores.
«Debido a la existencia de normas y procedimientos que generan incertidumbre y no están alineados con las tecnologías emergentes y las necesidades de la sociedad, el modelo regulatorio actual en Chile no está preparado para abordar los desafíos relacionados con la calidad del suministro, la penetración de energías renovables, la expansión de la generación distribuida, el almacenamiento, la electromovilidad ni la gestión de la demanda», destaca el experto.
«La reforma regulatoria en el ámbito de la distribución eléctrica debe ser una prioridad para permitir la innovación y facilitar la adopción de nuevas tecnologías, al mismo tiempo que se protegen los intereses de los consumidores y se promueve la equidad social», concluye Castillo.
Un millón de medidores inteligentes
En el caso de Uruguay, la empresa estatal UTE instaló el medidor inteligente número 1.000.000 en marzo de este año, y se espera que todos los usuarios del país cuenten con uno para fines de 2024.
“Un millón de hogares son los dos tercios de todos los hogares conectados a la red eléctrica, una cifra que es muy difícil de encontrar en el mundo, y mucho menos en América Latina”, dijo en marzo el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini.
Colombia: las dudas del gobierno de Petro
Colombia también ha seguido una ruta similar. Hace casi una década se lanzó el plan 2014-2028, con el objetivo de abordar los desafíos energéticos hasta 2030, tanto en generación, impulsando las energías renovables, como en redes inteligentes.
Sin embargo, esta apuesta no ha estado exenta de dificultades, según explica Juan Manuel Nieves, abogado experto en minería y energía.
“Para la nueva presidencia el tema de la transición energética es muy importante, con énfasis en las energías limpias. Hay un temor y es que el discurso del actual Presidente, (Gustavo) Petro, dice que hay que diversificar la matriz energética del país para enfrentar el cambio climático”, detalla.
“Entonces, el país tenía unos planes muy bien trazados, pero el Ejecutivo actual busca cambiar ese rumbo; y no estamos preparados para una transformación distinta a la que se venía haciendo”, agrega Nieves.
