El 60,1% de la población boliviana ya es de clase media, destacó el Gobierno, que pone en esta categoría a las personas con ingresos laborales y no laborales de entre Bs 903 y 4.515 en el área urbana y de entre Bs 638 y 3.190 en zonas rurales. Analistas cuestionan esos rangos y la forma de medirlos.
El 6 de agosto, en una separata, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas informó que “la clase media” de Bolivia “vuelve a crecer” y que, por estrato social, el 4% de la población tiene ingresos altos, el 36,3% ingresos bajos y el 60,1% ingresos medios, el porcentaje más alto de la historia reciente del país.
¿Y qué significa esto? De acuerdo con una explicación del Instituto Nacional de Estadística (INE), “una persona es clase media en la medida que sus ingresos (laborales y no laborales) se encuentren entre una a cinco veces la línea de pobreza moderada”.
Precisó que “los ingresos laborales son aquellos que se obtienen de una actividad económica principal o secundaria determinada por el CIUU Rev4 (Clasificación Industrial Internacional Uniforme) o el CAEDEC (Código de actividad económica y destino del crédito)”, mientras que “los ingresos no laborales son transferencias monetarias no condicionadas u otras que no están asociadas a la ocupación en la actividad económica principal o secundaria”.
Estratificación
En 2021, la línea de pobreza, que se actualiza anualmente en función a la evolución de los precios, estaba en promedio en Bs 902,3 al mes por persona en el área urbana y en Bs 637,5 en el área rural, de acuerdo con datos del INE.
Con base en esta información, se calcula que en el área urbana la población considerada de clase baja (pobre) percibe no más de Bs 902,3 al mes, la de clase media entre Bs 903 y 4.515, y la de clase alta más de Bs 4.516.
En el área rural, la población de ingresos bajos percibe menos de Bs 637,5 al mes, la de ingresos medios entre Bs 638 y 3.190, y la de ingresos altos más de Bs 3.191.
La estratificación de ingresos se difundió el mismo día en el que el presidente Luis Arce resaltó que durante su gestión “los indicadores de pobreza y desigualdad alcanzaron los niveles más bajos en las últimas décadas”.
“La pobreza moderada se redujo de 39% en 2020 a 36% en 2021, la pobreza extrema de 13,7% a 11% y la desigualdad medida por el coeficiente Gini de 0,45 a 0,42”, dijo durante su mensaje a la nación.
Asimismo, agregó, “a junio de este año la desocupación se encuentra en 4,3%, muy inferior al 11,6%” de 2020 y, según un informe de la CEPAL, “en 2022 Bolivia será el país que reducirá en mayor medida la pobreza, mientras que otros países de la región sufrirán incrementos en esa brecha”.
El Ministerio de Economía destacó que “la mejora de los indicadores sociales” es una de las prioridades del Gobierno nacional, por lo que “se aplican medidas que ayudan a profundizar la redistribución de ingresos a través de bonos sociales que benefician a la población más vulnerable”.
Germán Molina, miembro de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas, consideró que indicar que el 60,1% de la población es de ingreso medio, de clase media, “sería una media verdad”, principalmente porque la economía nacional tiene una mayor participación del sector informal. “Cuando se realiza una encuesta, ésta cubre ambos sectores, formal e informal, sin diferenciarlos”, sostuvo.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 2021, el 80% de la población boliviana trabajaba en la informalidad.
“Casi siempre” la informalidad es sinónimo de ingresos bajos e irregulares, inestabilidad laboral, desprotección, desaliento y violación de derechos, sostiene esa agencia de Naciones Unidas.
En entrevista con EL DEBER Radio el viceministro de Política Tributaria, Jhonny Morales, rechazó que el nivel de informalidad en el empleo esté en un 80%, aunque admitió que la informalidad tuvo un crecimiento “muy fuerte” en toda Latinoamérica, producto de la emergencia sanitaria.
“El Gobierno no tiene ese dato, pero existe informalidad en la economía. Estamos trabajando arduamente para poder abordar este tema y subsanarlo estructuralmente. Tenemos también una tarea pendiente, llegar a una economía diversificada, más industrializada, mucho más ancha, para poder avanzar hacia una economía más sostenible para nuestro país”, afirmó la autoridad.
Metodología
Otro cuestionamiento a los datos del INE es la forma en que se define la línea de pobreza.
“Esconder pobres no es lo más adecuado, sobre todo porque la función de ese tipo de información es diseñar política pública, principalmente planes y proyectos sociales que se presentan a la cooperación internacional y que permiten, por ejemplo, la negociación de nuevos créditos o financiamiento para la lucha contra la pobreza”, afirmó José Gabriel Espinoza, ex director del Banco Central de Bolivia (BCB).
Espinoza, quien forma parte de una investigación sobre la situación real de la economía boliviana, entiende que la administración de Luis Arce volvió a utilizar la canasta básica de alimentos y las líneas de pobreza que eran aplicadas durante la gestión de Evo Morales, las cuales habían sido actualizadas durante el gobierno de transición luego de haber estado vigentes por más de 30 años.
“Esto significa que el seguimiento que se hace a los precios, para determinar cuál es el monto a partir del cual las personas son pobres o no, está sumamente distorsionado”, explicó.
Esta distorsión es causada por la inclusión de productos en la canasta básica que hacen caer el valor de esos indicadores, como la grasa de cerdo, un insumo de uso extendido en las cocinas de las familias en las décadas de los 80 y 90, pero que ya no se emplea hoy, lo que hace que su precio se mantenga o caiga.
“Este tipo de distorsiones hace que la línea de pobreza en Bolivia esté considerablemente más baja de lo que debería estar con una canasta de consumo más actualizada. Si la actual administración del INE ha vuelto a la metodología previa, evidentemente va a haber una caída sustancial de la línea de la pobreza que no tiene que ver con la realidad de los hogares”, sostuvo el ex director del BCB.
“Esta distorsión estadística podría estar inflando los resultados sociales que presenta el actual gobierno” y “si el propio INE está desinflando, bajando, el valor de la línea de pobreza, pues estamos en un momento muy complejo de la economía”, remarcó Espinoza.
En un breve sondeo realizado por este medio, profesionales independientes consideran que un jefe o jefa de hogar de clase media tiene un ingreso muy superior a los Bs 4.515 indicados por el INE.
En un contacto con la activista María Galindo, la presidenta de la Aduana Nacional, Karina Serrudo, se identificó como una persona de “clase media baja”, ya que su salario es de Bs 18.000.
Según un análisis del Centro de Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), el rango definido por el Gobierno para determinar si un boliviano es o no de clase media no contempla si la fuente de ingresos de esa persona es estable y sostenible, y si tiene beneficios sociales, entre otros, lo que refleja la vulnerabilidad de ese estrato.
Molina indicó que es evidente que hay segmentos de la población que elevaron sus ingresos.
“Durante los 17 años de gestión gubernamental continúa (del MAS), excepto parte del 2019 y 2020, algunos sectores fueron beneficiados por la política económica, como los cooperativistas mineros -especialmente los auríferos-, los cocaleros y algunos del sector gremial que posiblemente incrementaron sus ingresos y riqueza, saliendo de la pobreza a la clase media”, sostuvo Molina.
