El Gobierno se sumó a las criticas a la investigación realizada por un grupo de periodistas que reveló un daño económico de más de Bs 102 millones ($us 14,6 millones) dentro del programa Bolivia Cambia, Evo Cumple. La ministra de la Presidencia, Maria Nela Prada, señaló que el trabajo de los comunicadores intenta posesionar “mentiras” sobre la iniciativa que es llevada adelante por la Unidad de Proyectos Especiales (Upre), dependiente de su ministerio.
Ni Bolivia Cambio, Ni Evo cumplió, es una investigación de Acceso Investigativo y Connectas, en alianza con Erbol, El País y El Grupo EL DEBER. Este trabajo reveló que, durante la vigencia del programa la forma en que se adjudicaron y ejecutaron los contratos provocó pérdidas de al menos 102 millones de bolivianos (14,7 millones de dólares).
Este esquema benefició a un grupo de 20 empresas, algunas de ellas ligadas al partido de Gobierno y de aliados políticos en momentos claves del legislativo. El plan terminó con obras abandonadas, inconclusas, sobredimensionadas o con fallas estructurales y hasta de diseño.
En este contexto, Prada afirmó que hace años el programa es blanco de ataques por actores políticos para desprestigiarlo, el régimen de Jeanine Áñez y “la organización Connectas que, en alianza con algunos medios de Bolivia, publicó el informe “Ni Bolivia Cambió, ni Evo Cumplió””.
La autoridad acusó a los periodistas y medios involucrados en la investigación de intentar posesionar “mentiras” sobre la iniciativa, enfatizando los problemas que algunas obras presentaron, pero obviado la cantidad de municipios beneficiados y la cantidad de empleos generados.
Prada destacó que la mayor inversión se realizó en el área de educación con 3.118 proyectos (58% del total) y Bs 6.691 millones en inversión.
Los restantes proyectos están divididos en la construcción de 229 establecimientos de salud; 959 infraestructuras deportivas; 146 mercados; 7 centros de ganadería; 5 plantas procesadoras.
“Más de 1.400 empresas bolivianas fueron beneficiadas con contratos y se generó más de medio millón de empleos directos e indirectos”, dijo la ministra.
Lo que detectó la investigación
La investigación evidenció que el Estado boliviano llegó a firmar contratos con empresas que ni siquiera cumplían los requisitos más básicos.
También demostró que tres compañías activaron su número de identificación tributaria (NIT) —una condición indispensable para adjudicarse proyectos con el Estado— después de suscribir los acuerdos de construcción de obras.
En otros casos, al menos 19 compañías habilitaron su NIT a días o, incluso, horas antes de la firma contractual.
El trabajo periodístico determinó que, de los 962 proyectos en el marco del programa, la ejecución de al menos 140 quedó sin transparentar, al incumplir el reporte en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES) sobre su condición.
La autoridad siguió la misma línea del expresidente Evo Morales que cuestionó el trabajo del equipo de investigación.
En su conferencia de prensa, Prada dijo que actualmente el UPRE financia 609 nuevas obras con una inversión de Bs 3.727 millones focalizados en salud, educación y reactivación productiva.
Siguiendo con su descargo, la ministra sostuvo que entre 2011 y 2019, Bolivia Cambia financió la ejecución de 5.386 proyectos, con una inversión de Bs 14.521.301.602. Además, que los proyectos fueron presentados por los beneficiarios y la fiscalización provocó multas por incumplimiento de contrato superior a los Bs 100 millones.
Sin embargo, en su intervención ni ella, ni el director del UPRE explicaron las anormalidades detectadas y documentadas en la investigación.
“Si hay irregularidades se deben investigar”, aseguró e insistió que serían un mínimo porcentaje del total de las obras ejecutadas a través del programa.
