Las cooperativas auríferas del norte de La Paz, responsables de la mayor parte de la producción de oro del país, se comprometieron a dejar de usar mercurio en sus operaciones si reciben apoyo estatal para la migración a tecnologías más amigables con el medio ambiente. El Gobierno sostuvo que el sector cooperativo está en condiciones de adquirir estos equipos y confirmó que el “control” a la minería ilegal continuará.
“Si van a existir programas, tecnologías (…) para mitigación del medio ambiente, nosotros estamos muy abiertos para cambiar de mecanismo de trabajo y dejar de lado el mercurio”, informó Ramiro Balmaceda, presidente de la Federación Regional de Cooperativas Mineras del Norte de La Paz (Fecoman).
“Obviamente, debemos trabajar de manera coordinada con el Gobierno para que se puedan implementar estas nuevas tecnologías”, remarcó el dirigente.
Balmaceda realizó estas declaraciones luego de un operativo de magnitud contra la minería ilegal en el Río Madre de Dios y después de que el ministro de Minería y Metalurgia, Marcelino Quispe, indicara que existen ya en el mercado nacional tecnologías que reemplazan al mercurio en la explotación aurífera o pueden reducir su uso significativamente, como sistemas de recirculación o centrifugadoras, entre otros disponibles, según el volumen de producción del operador minero.
Sin embargo, sobre la posibilidad de apoyo crediticio estatal para esta migración, Quispe subrayó que las cooperativas pueden adquirir estos equipos“ con suma facilidad”, ya que su costo oscila entre los $us 10.000 y 18.000.
De acuerdo con datos oficiales, las cooperativas producen el 99,5% del oro de Bolivia, un metal que en 2022 alcanzó un valor de exportación de $us 3.073 millones y por el que se pagó solo $us 63,2 millones de regalías.
“Queremos coordinar aspectos con relación a nuestro sector, pero eso no vemos en muchos aspectos que el Gobierno va implementando”, sostuvo Balmaceda.
La senadora Cecilia Requena consideró que, además de no pagar impuestos, de contratar trabajadores de manera ilegal y de pagar “regalías miserables”, los mineros auríferos “presionan para que no se les haga nada”.
En el caso de la venta de oro al Estado, “ni siquiera quieren abrir una cuenta bancaria para que el BCB les pague”, sostuvo la legisladora, antes de lamentar “el nivel de informalidad que trata de imponer” ese sector.
Los últimos datos oficiales sobre la cantidad de cooperativistas mineros que hay en Bolivia son de 2021 e indican que ese sector contaba con 135.436 trabajadores (en operaciones auríferas, principalmente). En comparación, el sector estatal minero tenía 6.029 obreros en 2020, la minería mediana 4.709 y la minería chica 1.986.
Para Requena, este fenómeno, promovido durante el gobierno de Evo Morales, ya se le escapa de las manos a la administración de Luis Arce, ya que son cada vez más notorios los impactos negativos e irreversibles que el uso de mercurio en la minería aurífera provoca en la población, en los animales, en la tierra y en el agua.
El ministro de Minería reiteró que la producción de oro “es una actividad muy importante para la subsistencia de muchas familias y para el movimiento económico que se genera en el país con el ingreso de divisas”.
En ese marco, insistió en que se realiza un trabajo de concientización para dejar atrás el uso de mercurio. Además, destacó, los contratos que firman las cooperativas para la búsqueda de oro en áreas de la Comibol establecen la nulidad de esos derechos si se comprueba el uso de mercurio.
En cualquier caso, “se va a continuar controlando las actividades mineras en todo el país”, apuntó.
Balmaceda recordó que el sector cooperativo está “en estado de emergencia”. “No vaya a ser que, en otros sectores, a título de minería ilegal o del tema del medioambiente, se vean afectadas nuestras cooperativas (…). No lo vamos a permitir”, remarcó.
“Seguramente vamos a tener otros lugares para seguir interviniendo. Vamos a verificar si tienen licencias o derecho minero y se reportará oportunamente a la fuerza pública”, afirmó a su vez el ministro de Medio Ambiente y Agua, Rubén Méndez, según declaraciones recogidas por ABI.
“Nosotros no estamos rehuyendo alguna responsabilidad. Si existen responsabilidades las vamos a asumir”, sostuvo Balmaceda.
No obstante, mencionó, al no haber sido parte de los estudios que identifican los efectos tóxicos del mercurio en poblaciones aledañas a sus operaciones, Fecoman exige conocer los muestreos de estas investigaciones que responsabilizan a las cooperativas por la contaminación. “Si bien nosotros trabajamos con el mercurio, hay que ver cuáles serían los reportes reales”, dijo.
