El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) instó al líder cívico y de San Miguel de Velasco no tensionar a los actores sociales rurales ni politizar e interferir en el trabajo técnico de saneamiento y de verificación de la Función Económico Social (FES) que encara la estatal de tierras en los municipios de la región chiquitana.
El pedido lo hizo el director nacional de la estatal de tierras, Eulogio Núñez, dos días después de que José Ernesto Serrate, presidente del Comité Cívico Provincial, y José Luis Dorado, presidente de los cívicos migueleños, alertaran que el INRA cedió en el municipio migueleño unas 15.000 hectáreas de tierras fiscales a comunidades afines al MAS, que no son originarias de ese municipio cruceño.
“Es la misma narrativa que emplean y tratan de posicionar los dirigentes cívicos para generar conflictividad entre los actores sociales rurales. Al presente, se registra un 94% de avance del proceso de saneamiento en Santa Cruz, nos falta culminar las pericias de campo y regularizar derecho de un 6% de tierras (2,1 millones de hectáreas), cuya mayor extensión se concentra en la región chiquitana”, manifestó Núñez, al pedir a todos los actores diversos de la sociedad trabajar coordinadamente para que los litigios agrarios se resuelven vía conciliación y diálogo y, después de 26 años, finalice el saneamiento y la regularización de derechos. En su momento se informó que el saneamiento se paralizó por conflictos que tienen que ver con sobreposición de derechos.
Intento fallido de posesión
El martes, Serrate y Dorado alertaron que el INRA entregó en San Miguel de Velasco unas 15.000 hectáreas de tierras fiscales a cinco comunidades afines al MAS, de cuyo intento de posesión participaron unas 300 personas que ingresaron a un predio fiscal ubicado entre San Juan de Lomerío y la estancia Atlántico Norte. Ayer, en radio EL DEBER, Serrate afirmó que las personas que intentaron ocupar tierras salieron de la zona, esto por la presión ejercida por las personas que integran la Comisión de Defensa de la Tierra, creada para defiende la dotación de tierras “para los del lugar”.
Además de San Miguel, información oficial, da cuenta de que los asentamientos afectan a Roboré, San José de Chiquitos, San Ignacio de Velasco o a las áreas protegidas del Alto y Bajo Paraguá.
En el ámbito productivo, a decir del presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Adrián Castedo, llama la atención que justo cuando empieza la época seca del año recrudecen los avasallamientos, lo que se constituye en un factor adverso que deteriora la imagen país y persuade a los productores a relegar los programas de inversión.
Según el dirigente ganadero, San Miguel es una zona de alta actividad pecuaria y forestal. Así, mencionó que el hato bovino ronda las 85000 cabezas, registrándose un universo de al menos 700 productores ganaderos.
Para la legisladora chiquitana de Creemos, María René Álvarez, la dotación de 15.000 hectáreas de tierras fiscales en San Miguel de Velasco a cinco comunidades afines al Movimiento al Socialismo, no solo es una amenaza al sector productivo, sino y más importante, “un atentado al medioambiente, a las áreas protegidas y a las comunidades indígenas que se ven avasalladas en su tierra, territorio, cultura y modo de vida”.
Lamentablemente, según la diputada, estos hechos vienen con el aval del nivel central y también con la complicidad de una Alcaldía que obedece al partido en función de Gobierno y a los intereses de estos grupos irregulares.
