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Califican de atentado al medioambiente y a comunidades indígenas dotación de tierras en San Miguel

Para la legisladora chiquitana de Creemos, María René Álvarez, la dotación de 15.000 hectáreas de tierras fiscales en San Miguel de Velasco a cinco comunidades afines al Movimiento al Socialismo, que no son originarias de ese municipio cruceño, no solo es una amenaza al sector productivo, sino y más importante, “un atentado al medioambiente, a las áreas protegidas y a las comunidades indígenas que se ven avasalladas en su tierra, territorio, cultura y modo de vida”.

En su opinión, las tierras fiscales deberían ser entregadas a los pobladores de la Chiquitania; sin embargo, son regaladas a grupos de avasalladores. “Durante estos dos años y medio de gestión hemos venido denunciado el imparable ingreso de los avasallamientos y la toma de tierras por parte de los mal llamados interculturales, que incluso apelan al uso de armas para asentarse en las zonas, muchas de ellas áreas protegidas, como el Bajo Paraguá”, anotó.

Lamentablemente -dijo- estos hechos vienen con el aval del nivel central y también con la complicidad de una Alcaldía que obedece al partido en función de Gobierno y a los intereses de estos grupos irregulares.

El martes, José Ernesto Serrate, presidente del Comité Cívico Provincial, y José Luis Dorado, presidente de los cívicos migueleños, alertaron que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) entregó en San Miguel de Velasco unas 15.000 hectáreas de tierras fiscales a cinco comunidades afines al MAS que no son originarias de ese municipio cruceño.

Según ellos, la noche del domingo unas 300 personas ingresaron a un predio fiscal ubicado entre San Juan de Lomerío y la estancia Atlántico Norte. “Entregaron 50 hectáreas a cada familia que participó de la ocupación”, afirmó Serrate, quien agregó que estas personas son oriundas de La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Oruro y Potosí.

“Hay comunidades en mi pueblo que tienen menos de 200 o 300 hectáreas y aquí están queriendo entregar 15.000 hectáreas a cinco o seis comunidades”, acotó Dorado. “La Constitución dice que la tierra es primero para los originarios, pero aquí eso no sucede”, remarcó.

SourceEl Deber

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