En medio de la turbulencia económica que es advertida tanto desde dentro como fuera de Bolivia por diferentes organismos, cinco instituciones representativas del empresariado nacional tocan la puerta del Gobierno de turno con una serie de propuestas bajo el brazo y que apuntan a mejorar la planeación de cara al corto y mediano plazo.
Las propuestas ya han sido abordadas en diferentes escenarios y aparecen en un contexto en el que se encienden las alertas tras un reporte de la calificadora internacional Moody’s, que cambió la calificación de “riesgo crediticio alto” en marzo de este año a un país con títulos con “baja solvencia” a junio de 2023, cayendo al umbral de ‘negativa’.
Uno de estos escenarios fue gestado la semana pasada por la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), desde donde uno de sus directores económicos, Pablo Mendieta, señaló que la primera señal que debe dar el Gobierno es la transparencia respecto a su visión sobre la economía y asumir acciones específicas para contrarrestar la situación.
Para ello, Mendieta apunta que hay sectores que están listos para sumar a la labor de captación de divisas, un problema latente para la economía nacional que puede contrarrestarse con el estímulo a la agricultura, la agroindustria, la agropecuaria, el turismo, los servicios digitales y la industria forestal.
Tomando en cuenta la propuesta de Cainco que está contenida en el informe ‘De la Bolivia que tenemos a la Bolivia que queremos: una propuesta para remontar la crisis’ se podría captar $us 600 millones adicionales para la presente gestión, tema que debe ir apuntalado por la exportación y la lucha contra el contrabando, con miras a frenar la entrada de bienes que ahogan a la industria nacional, así como también la salida de combustibles.
Mientras que el segundo vicepresidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Krerking, puntualizó que son cuatro las propuestas específicas que han sido presentadas al Gobierno central para trabajar en el corto plazo: seguridad jurídica, lucha contra el contrabando, el uso de biotecnología y liberación de exportaciones.
Desde la CAO consideran que estas acciones no solo permitirán atraer mayores divisas, sino también para generar más empleos formales.
Y es justamente desde las esferas de la CAO que profundizan estas propuestas. Un ejemplo de ello fue expuesto por el presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Adrián Castedo, al manifestar que en materia de exportaciones basta con mirar los casos de países vecinos que despegaron los envíos de carne bovina a mercados internacionales.
“Solo Uruguay ya exportó $us 2.6000 millones y es un país más pequeño que Santa Cruz (176.215 y 370.621 kilómetros cuadrados, respectivamente) y Paraguay de igual manera exportó $us 2.300 millones, es decir, 23 veces más que nosotros”, enfatizó Castedo.
La propuesta de Fegasacruz al Gobierno también aborda el tema sanitario y la seguridad jurídica, temas específicos para multiplicar las exportaciones y traer más divisas al país. Por eso se considera que es esencial el trabajo codo a codo entre el sector público y el privado, escenario con el que también se garantizará la seguridad alimentaria ante una mayor producción.
La gravitación de Santa Cruz en las exportaciones de Bolivia “es muy importante”, de acuerdo a las estadísticas que maneja el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), desde donde se refleja que -en 2022- el departamento representó 33% de las exportaciones totales del país, el 77% de las exportaciones no tradicionales, el 87% de las exportaciones de alimentos, y el 88% de las exportaciones agropecuarias.
El departamento cruceño encabeza los registros de envíos al exterior de carne bovina y derivados (100%), alcohol etílico (99,7%), azúcar (99,5%), sésamo (98,6%) y soya y derivados (98,1%), entre otros productos, según el IBCE.
Por su parte, el gerente general de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Jaime Hernández, expresó que la propuesta que manejan se centra en continuar con el trabajo coordinado con el Gobierno para garantizar abastecimiento combustible y más cuando se avecina la cosecha de la campaña de invierno, con más de 800.000 hectáreas de cultivos de rotación como trigo, maíz, sorgo, girasol y soya.
Hernández también subrayó que son fundamentales las acciones concretas y contundentes contra el contrabando de productos agropecuarios, que significan una competencia desleal para los productores, tomando en cuenta el ingreso de mercancías sin registro desde Argentina, por lo que piden profundizar la “coordinación pública-privada para tener acciones efectivas”
Avanzar en la inserción de biotecnología para frenar los embates de los fenómenos climática y para mejorar la productividad en el campo es otro de los pedidos que es un antiguo anhelo del aparato productivo, tema que dará lugar a un impulso a las exportaciones, las cuales deben ser liberadas para traer más divisas, como es el caso del sorgo.
Asimismo, las propuestas no solo aparecen desde Santa Cruz, sino que son de carácter general como lo dejaron entrever desde la Cámara Nacional de Industria (CNI), cuyo presidente Pablo Camacho señaló que son cuatro las propuestas que tienen sobre la mesa para que sean trabajados con el Gobierno de turno.
La primera de estas propuestas de la CNI tiene que ver con la reactivación del Consejo Nacional de Lucha Contra el Contrabando, en donde intervienen diferentes instituciones; la segunda es modificar la normativa legal para reducir de 200.000 a 50.000 UFVs el valor del monto que sea considerado como delito aduanero.
La tercera pretende municipalizar la lucha contra el contrabando para que también se tenga a otros responsables en la lucha contra este ilícito. Y la cuarta busca fortalecer los entes estatales con equipamiento y tecnología para efectivizar la lucha contra el contrabando, reforzando así al Viceministerio del área.
En los últimos 10 años, el contrabando generó un golpe a la economía de más de $us 27.000 millones, de los cuales al menos 7.00 millones significan una evasión fiscal. Sin ir más lejos, solo en la pasada gestión Bolivia perdió más de $us 930 millones en materia impositiva, según un estudio de la CNI. (Santa Cruz, con datos de Unitel)
