Nadie está libre de una desgracia, es cierto, pero cuando una persona recibe un diagnóstico de cáncer comienza una agonía lenta y tormentosa, porque desde el primer momento de su enfermedad siente dolor, soledad y abandono, porque en nuestro país enfermar de cáncer es morir lentamente.
Cada día al menos cuatro mujeres mueren a consecuencia del cáncer de cuello uterino que es el tipo de cáncer más agresivo en Bolivia. Son muertes que se podrían evitar si existiesen campañas de prevención efectivas, suficientes especialistas, hospitales bien equipados y medicamentos al alcance de todos los pacientes, porque el cáncer no discrimina.
Aunque no existen estadísticas confiables sobre la cantidad de personas afectadas, la última cifra oficial, indica que en 2021 en Bolivia se registraron al menos 19.310 casos de cáncer, de los cuales el 67% son mujeres.
Los datos son fríos y nunca reflejarán la historia de un enfermo que debe agotar sus recursos económicos para conseguir medicamentos, que debe dormir en la calle para obtener una ficha y que debe vivir día a día el deterioro de su propio cuerpo. ¿Existe peor padecimiento?
Sin embargo, en este país en el que los gobernantes viven en una especie de universo paralelo, el Gobierno bate palmas porque, según los boletines oficiales, “Bolivia se convierte en la vanguardia de lucha contra el cáncer de Latinoamérica con la inauguración del Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia en Santa Cruz” (sic).
Es más, el oficialismo también se ufana de aprobar leyes para garantizar atención gratuita y oportuna para los pacientes de cáncer y, para mayor regocijo formal, el país está pronto a producir sus propios medicamentos anticancerígenos. Si tanta narrativa fuera cierta ¿nuestros pacientes sufren por perversa desorientación?
En 2022, el Defensor del Pueblo presentó el informe Las unidades de oncología desde una mirada de derechos humanos. El documento revela las deficiencias del sistema para la atención de esta patología. Por ejemplo, cuenta que un ambiente de la unidad de oncología del Hospital de Clínicas de La Paz funciona donde había una guardería, que consultorios del servicio en Oruro tienen paredes antiguas bien pintadas, pero sin azulejos, o que en Cochabamba no hay mantenimiento de equipos por falta de presupuesto.
En cuanto a Santa Cruz se refiere, el dato es revelador. El instituto Oncológico del Oriente Boliviano, ubicado en el Tercer Anillo Interno, fue construido en un terreno donado hace 50 años por la familia Vásquez-Zambrano: sin embargo, no se pueden hacer nuevas inversiones porque los predios no son de propiedad del Estado. ¡Medio siglo de ineficiencia en todos los niveles para regularizar los documentos del lugar!
Al margen de la negligencia legal y administrativa, las huelgas en el Oncológico de Santa Cruz son constantes por falta de ítems, medicamentos o insumos. Se reprograman citas y tratamientos constantemente, a sabiendas de que la lucha contra el cáncer también es cuestión de tiempo.
Para finalizar, el informe alerta que ninguno de los ocho centros de salud que fueron inspeccionados cuenta con la acreditación necesaria y remarca que en Bolivia sólo hay 17 oncólogos clínicos y 16 oncólogos quirúrgicos. Es decir, no estamos ni lejos de la calidad de atención que se brinda en Argentina, Brasil, o Perú.
No, no somos vanguardia ni mucho menos, somos parte de un país, de un Estado en el que la confirmación de un caso de cáncer es lapidaria para el paciente y su familia. Por algo, ciudadanos o autoridades que gozan de buenas condiciones económicas buscan tratamientos en otros países y logran redimir el mal, cosa que en Bolivia sólo el fruto de un milagro.
