Desde plazo cuestionable hasta inversiones imposibles de cubrir. El grupo de juristas independientes, que impulsa la realización del referendo para la reforma judicial, denunció públicamente siete trabas que el TSE habría puesto en este proceso para obstaculizar el ejercicio de la democracia participativa.
La primera traba identificada fue la “injustificada demora” en la aprobación de la iniciativa para el referendo por parte del TSE. Según José Antonio Rivera, la solicitud se presentó el 18 de julio de 2022, pero recién el 18 de octubre el Tribunal Electoral aprobó la misma para proceder a la recolección de firmas.
La segunda traba, según los juristas, fue la decisión del TSE de imponer un plazo de 90 días para recolectar un millón y medio de firmas desde el momento de la entrega del formato de libros de registro.
Rivera señaló que este plazo no contemplaba el tiempo de impresión de los libros, por lo cual se impugnó esa decisión y recién se la enmendó en noviembre.
El tercer obstáculo consiste en que TSE impuso el requisito de notariado de los libros de registro, lo cual no estaba contemplado en el reglamento anterior vigente cuando se presentó la iniciativa.
El abogado Rivera señaló que notariar los libros de registro implicaban un costo imposible de cubrir, por lo cual se impugnó esa decisión del TSE para que sea el mismo Órgano Electoral que certifique la fe pública de este documento. Dijo que recién en diciembre tuvieron una respuesta.
La cuarta traba también implica un alto costo económico. Consiste en que el TSE exige a los promotores de la iniciativa que los datos de los libros sean transcritos a un sistema informático dentro del plazo de los 90 días.
Rivera indicó que cumplir este requisito implica una inversión de entre 4 y 5 millones de bolivianos, debido a que se debería instalar un centro de cómputo y contratar personal especializado. Señaló que este impedimento es un obstáculo a la democracia directa, por lo cual se ha pedido eliminarlo, sin embargo, aún no se ha recibido respuesta.
El quinto obstáculo es el rechazo del TSE a que los promotores del referendo utilicen el sistema biométrico del Órgano Electoral, cuando esto sí se permite a los partidos políticos.
La abogada Kathia Saucedo, también del grupo de juristas, explicó que habían solicitado usar el sistema biométrico del TSE para acelerar el tiempo de registro de adhesiones, pero esto fue rechazado sin motivación, lo cual sería un trato desigual respecto a los partidos.
La sexta traba identificada consiste en que el plazo de 90 días para recolectar un millón y medio de firmas es una imposición reglamentaria administrativa del TSE, pero que no existe en una norma superior ni la Constitución Política del Estado, explicó Saucedo.
El séptimo obstáculo se refiere a las declaraciones del presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, quien consideró difícil que los juristas vayan a conseguir su objetivo de promover la reforma judicial antes de las elecciones de magistrados.
Saucedo criticó que la autoridad encargada de este proceso de democracia participativa incurra en un prejuzgamiento.
