Un grupo de militares salió a las calles para custodiar entidades del Estado. Desde la larga noche del 30 de diciembre, efectivos del Ejército se apostaron en el edificio del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) y otras entidades públicas, como Entel y el Banco Unión, para evitar ataques de manifestantes, según documentó EL DEBER y otros medios de prensa.
El movimiento militar fue instruido desde La Paz por el comandante del Ejército, el general Juan José Zúñiga, indicaron militares del servicio pasivo que hablaron con esta redacción luego de recoger “la preocupación” de uniformados activos “por la institucionalidad” de las Fuerzas Armadas.
“Está bien que se custodien los servicios públicos, pero que no confundan a la ciudadanía que con eso se les da facultades para reprimir”, afirmó el coronel Juan Carlos Gutiérrez, quien forma parte del servicio pasivo.
Dijo, además, que el comandante del Ejército “está asesorando mal” al presidente Luis Arce, porque “no existe una comprensión cabal de lo que el cruceño siente ahora”.
Sobre la base de información disponible, Gutiérrez indicó que hace una semana llegó a Santa Cruz un grupo de 150 militares del Ejército desde de otras regiones del país con la misión de desarticular y controlar las protestas que reclaman por la detención del gobernador Luis Fernando Camacho. Líderes cívicos y de la oposición política al MAS calificaron de “ilegal y autoritario” el procedimiento, pero el Gobierno afirma que este es un tema que está vinculado con la Justicia.
“Hay malestar en las Fuerzas Armadas por esta situación y así lo hemos sentido. La primera institución de la patria no puede estar manejada por un criterio político ni prebendas. Para que la tropa salga a hacer una actividad fuera de su desempeño normal tiene que haber una orden escrita y un decreto del Presidente. Una orden mal dada no se cumple. Ellos (los militares activos) tienen que hacer una evaluación muy serena de la situación actual, porque hemos sentido que muchas órdenes tienen que ver con el interés de un partido político”, añadió el coronel Gutiérrez, respecto a las críticas que existen sobre las motivaciones de las órdenes de Zúñiga.
Desde La Paz, un general de Ejército del servicio pasivo explicó a esta redacción que “hay un análisis constante de la situación actual, pero con la preocupación por la forma en la que algunos grupos de militares activos están actuando”. El uniformado explicó que, junto a otros de sus camaradas observaron “deficiencias en el nombramiento de Zúñiga por parte del presidente Luis Arce”.
El general Zúñiga expresó el 13 de diciembre, justamente por el aniversario del Ejército, el apoyo de la institución en favor del presidente Luis Arce contra “aprestos desestabilizadores de pequeñas logias oligárquicas”. Anunció, además, que “fracasarán los intentos separatistas” y todo esto ante el debate que propuso la región sobre la relación con el Estado y la evaluación de las autonomías.
“Estamos preocupados porque la ciudadanía nos ha manifestado su susceptibilidad por posibles operaciones militares contra bienes públicos y privados”, dijo el vicepresidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Oscar Feeney, luego de entregar una carta al comandante de la Octava División de Ejército, coronel César Vladimir Baldivieso Andrade.
Señaló que, en la nota, le han pedido al jefe militar “que el Ejército no abuse como la Policía lo está haciendo en contra de la ciudadanía que esta susceptible por la aparición de militares”.
El militar se excusó de recibir a las autoridades del legislativo cruceño y no atendió a los periodistas. Eso sí, la carta fue recibida.
“La Policía no ha sido rebasada y eso es lo que quiere el Gobierno, querer hacer un autoatentado para que los militares salgan a las calles”, afirmó luego el asambleísta de los pueblos indígenas Roberto Urañavi, quien también llegó ayer hasta el recinto militar.
