Dirigentes cívicos del país se reunieron ayer con el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, y acordaron llevar adelante un “bloqueo nacional escalonado” para apoyar el reclamo por la liberación del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, recluido en el penal de Chonchocoro desde el 30 de diciembre.
“Respaldamos los bloqueos de carreteras que mantiene el departamento de Santa Cruz hacia el interior del país, acción que será replicada de manera escalonada en cada región de Bolivia”, señala la declaración firmada ayer por representantes de todo el país.
Los cívicos promoverán, en cada uno de sus departamentos, “el resguardo pacífico y permanente de oficinas e instalaciones del Estado y el Ministerio Público para evitar autoatentados de funcionarios públicos serviles al MAS” y preparan para el 11 de enero una movilización que será de alcance nacional.
Ese día se cumplirán dos semanas del operativo que ejecutó la Policía para aprehender y trasladar a La Paz al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho. Tras esa declaración, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, salió anoche para defender “la legalidad “de la detención de Camacho y fue más allá. Reveló “una pequeña parte” de los depósitos que recibió y las transferencias bancarias que hizo a cuentas de militares durante la crisis política de 2019, cuando Evo Morales renunció a la presidencia del país.
El caso fue nombrado por la justicia y el MAS como “golpe de Estado I”. Del Castillo dijo que la Fiscalía, junto a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), accedió a los flujos de recursos que se manejaron desde la cuenta bancaria de Camacho.
La autoridad enumeró al menos 30 transacciones entre el 8 y 20 de noviembre y luego implicó al padre y a la hermana del gobernador. También mencionó al exsecretario Miguel Ángel Navarro, que hizo transferencias, según el informe de Del Castillo, por más de Bs 1 millón durante los días que marcaron la renuncia de Morales. La dimisión se produjo tras la anulación de las elecciones nacionales de 2019 y fue planteada por el propio exmandatario antes de asilarse en México.
Del Castillo hizo una relación de los depósitos y transferencias y los relacionó con los sucesos que marcaron la crisis política de 2019, incluidas las masacres de Sacaba y Senkata. Mencionó a personal allegado a Camacho, incluso al exministro Jerges Mercado de haber recibido sumas por encima de los Bs 100.000. También mencionó depósitos que recibió el líder cruceño en noviembre de 2019.
“Creyeron que al hacer movimientos por debajo de los $us 5.000 no iban a ser detectados”, manifestó el ministro en una presentación para la prensa que duró cerca de una hora. En la exposición mencionó que el general Jorge Terceros Lara, excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), recibió dos depósitos el mismo en día de la renuncia del expresidente Morales, quien estuvo en el poder durante 14 años
“En esta investigación, hemos visto cómo ha comenzado a fluir el dinero que terminó en manos de algunos militares. Vamos a dar con los financiadores y van a tener que responder por sus actos”, dijo.
Anunció, así, que se amplió la denuncia contra el gobernador cruceño por los delitos de “cohecho activo y seducción de tropas”. Camacho está detenido en Chonchocoro acusado de “terrorismo”.
La defensa de Camacho aún no se pronunció por estos cargos. Del Castillo, en su relato, afirmó que autoridades policiales y militares sugirieron la renuncia de Morales durante esta crisis. Eso sí, no mencionó al secretario de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Guarachi, quien el 9 de noviembre le pidió “dar un paso al costado” al exmandario con la finalidad de “pacificar al país”.
Guarachi salió ayer para referirse a las protestas de Santa Cruz que piden la liberación de Camacho y pidió justicia. “No puede haber impunidad para aquellos que han sido los autores intelectuales del golpe de Estado de 2019. Estamos viendo actos de vandalismo, de sedición y terrorismo”, afirmó luego de declarar en estado de emergencia “de los trabajadores”.
Asimismo, anunció que en los próximos días se reunirán con organizaciones sociales para analizar acciones. Adelantó que se podría instalar una vigilia en el penal de Chonchocoro, donde se encuentra detenido el gobernador cruceño, además de otros puntos en el resto del país, para frenar las voces de federalismo.
“No vamos a permitir que confundan a la población y quieran politizar estos temas cuando hoy el gobernador de Santa Cruz está detenido por un proceso, pero también tiene cuatro o cinco procesos”, añadió el dirigente.
En la misma línea, Eber Rojas, ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, sostuvo que la población se ve económicamente afectada porque, desde que comenzaron las protestas, no se puede trabajar con normalidad. En ese sentido, indicó que saldrán a defender los derechos de los campesinos y pedirán la detención de otros líderes cruceños.
“Esto no es la venganza. Tienen que meter a la ‘cana’ a los vandálicos porque no es el camino para buscar la democracia en el país. Ya está Camacho, ahora tiene que ser (Rómulo) Calvo y tiene que estar el (Vicente) Cuellar también porque ellos están incitando a la violencia y las quemas de instituciones”, expresó el dirigente.
El máximo representante de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (Csciob), Esteban Alavi, también responsabilizó a Calvo por la quema de instituciones en Santa Cruz y justificó la violencia con la que actuó la Policía en contra de los movilizados.
“Por eso, decimos que se atengan a las consecuencias. El Ministerio Público que haga cumplir la normativa, también la Policía está en su obligación de poner el orden constitucional. No puede haber un desorden en el departamento por culpa de unos golpistas”, enfatizó el dirigente, afín al MAS.
Más temprano, incluso antes del pronunciamiento de los cívicos del país, Calvo ya había fijado una hoja de ruta para los próximos días de protesta. Eso sí, la posibilidad de un paro cívico no fue considerada por el dirigente.
Calvo informó la vigencia de un estado de emergencia “con movilizaciones permanentes” hasta que, según precisó, se recupere el estado de detecho. Casi al mismo tiempo, los tres estamentos de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) -estudiantes, administrativos y docentes- se reunieron para asumir varias medidas, entre ellas una marcha para este viernes.
Tambien anunciaron clases presenciales frente a las entidades públicas “resguardadas” por la población y se cortarán los aportes al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB); además habrá descuentos a los docentes y administrativos para apoyar las movilizaciones y otras acciones para apoyar las protestas.
Las manifestaciones en Santa Cruz se realizan a diario desde el 28 de diciembre con el foco de tensión frente al edificio del Comando Departamental de la Policía que está cerca del Cristo Redentor.
El martes, el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, Jean Pierre Antelo; el titular de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Fernando Hurtado, y el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Óscar Mario Justiniano, indicaron, en una declaración conjunta, que solo se pueden defender los derechos si se tiene una economía fuerte y que solo se la puede construir con el trabajo.
“Si no podemos trabajar porque hay nuevas interrupciones; paros, cercos, será más difícil resistir las hostilidades”, afirmó Hurtado en esa declaración que se divulgó a través de un video institucional. La declaración empresarial se dio en medio de cortes de ruta que aíslan a la región del resto del país.
Ante este escenario y desde el oficialismo, esperan que el Ministerio Público cite a otros líderes de la oposición para que sean juzgados por el caso que las autoridades judiciales y del Gobierno llaman “golpe de Estado I”. El diputado Juan José Jaureguí (MAS) pidió que el alcalde de La Paz, Iván Arias, sea el próximo llamado a los estrados legales.
“El alcalde Arias fue parte del gabinete que firmó el decreto 4078 que autorizó a los militares a disparar contra civiles en las masacres de Sacaba y Senkata”, dijo.
Desde que comenzó el año, otros voceros del MAS, como el senador Leonardo Loza, solicitaron al expresidente Carlos Mesa “que por responsabilidad se entregue a la justicia”, mientras que otros dirigentes quieren que Calvo sea el próximo aprehendido.
