El Gobierno sigue ampliando las fuentes de financiamiento para cumplir con el pago de la Renta Dignidad. Desde este año, las empresas de transmisión eléctrica aportarán un 5% de sus ingresos al fondo que permite la cobertura de este beneficio.
“Las empresas eléctricas del sistema interconectado nacional de transmisión de la cadena del sector de la industria eléctrica deberán transferir mensualmente al Tesoro General de la Nación (TGN) el 5% de los recursos percibidos por las ventas de servicios de transmisión para el financiamiento del Fondo de la Renta Universal de la Vejez (FRUV)”, indica la Disposición Final Quinta del proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) 2023.
El analista Oswaldo Irusta explicó que al momento las generadoras eléctricas Guarachi y Valle Hermoso, dos de las empresas estatales que aportan parte de sus utilidades a la Renta Dignidad, no están produciendo energía debido a su bajo margen de eficiencia (33%) y alto costo de producción con base a gas natural.
“Como no tienen producción no venden energía, como no venden energía no tienen utilidades, por lo tanto no pueden aportar a la Renta Dignidad y ese hueco hay que llenarlo con los ingresos de otras empresas”, aseveró.
Tendencia de los ingresos
La disposición del PGE 2023 se conoce luego de que las principales fuentes de financiamiento del FRUV, el Impuesto Directo a los Hidrocaburos (IDH) y las utilidades de las empresas públicas, reportaran un descenso en los últimos años y que el Gobierno iniciara acciones para ampliar el financiamiento de ese fondo.
El 11 de mayo de 2022, por ejemplo, se aprobó el Decreto 4716, que dispone que una parte de las utilidades que genere la Gestora por las actividades de administración serán destinadas al Fondo de la Renta Universal de Vejez.
“Es el fracaso de la política hidrocarburífera del país y de las empresas estatizadas. Está claro que el Gobierno ya está raspando la olla para poder pagar lo que en teoría se debió pagar con los ingresos de las empresas estatizadas y de YPFB”, aseveró Juan Pablo Suárez, presidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz.
Esta situación “no es sostenible, porque los beneficiarios de la Renta Dignidad siguen creciendo, la esperanza de vida es mayor y las fuentes de ingresos se están reduciendo”, advirtió.
Entre 2008 y 2021, el número de beneficiarios aumentó de 752.338 a 1,12 millones en 2021, mientras el monto mensual se incrementó en 2013, 2014, 2017 y 2019.
El pago de la Renta Dignidad es el que más recursos demanda entre los bonos sociales que otorga el Estado. En 2022 se precisaron para ese pago Bs 5.834 millones y para la próxima gestión serán unos Bs 6.424 millones, según la Ley Financial de 2023.
“Seguramente ya no alcanza” para cubrir esos montos y “por eso ahora están tomando utilidades de la empresa eléctrica de transmisión (…) que debe estar generando los recursos necesarios”, dijo Irusta.
El economista Julio Linares advirtió que las empresas estatales “nunca” tuvieron las utilidades para hacer sostenibles estos bonos. “Crearon bonos sociales sin financiamiento sostenible. Por ello, a empresas que fueron históricamente deficitarias, como Mi Teleférico, se les obligó a dar 400 millones de bolivianos para el Juancito Pinto”. Incluso advirtió que esta medida podría afectar a las empresas de electricidad porque les obliga a pagar el 5% de sus ventas y no utilidades.
En el mercado hay cuatro empresas en ese sector: ENDE Transmisión, que tiene un 80% del sistema; San Cristóbal TESA, ISA Bolivia y ENDE Corporación, detalló el experto. Tras haber alcanzado un pico de Bs 15.602 millones en 2014, las recaudaciones por el IDH comenzaron a caer hasta llegar en 2020 a Bs 5.762 millones.
Ya en el primer semestre de 2021, lo recolectado por ese tributo sumó Bs 2.489 millones, un 28% menos que en similar periodo de 2020 (3.463 millones). Estos ingresos (el 30% de ellos) son esenciales para alimentar el Fondo de Renta Universal de Vejez, con el que se paga la Renta Dignidad.
Otras fuentes de financiamiento son recursos de gobernaciones, municipios, Fondo Indígena, Tesoro General de la Nación y empresas públicas.
El PGE garantiza los recursos económicos para mantener las políticas sociales como el pago de los bonos Juancito Pinto, Juana Azurduy y para las personas discapacitadas, así como la cobertura de la Renta Dignidad, informó en una nota de prensa el Ministerio de Economía.
“Nuestras políticas sociales están incorporadas en el Presupuesto y están plenamente garantizadas”, remarcó el titular de esa cartera de Estado, Marcelo Montenegro.
