El Presupuesto General del Estado (PGE) es un instrumento de la política económica que debe dar certidumbre sobre las cuentas públicas, la programación de ingresos y gastos, la inversión pública anual y las metas macroeconómicas.
Sin embargo, desde la Fundación Milenio precisaron que esa certidumbre no ofrece el proyecto de presupuesto 2023, presentado al Órgano Legislativo, ya que para Milenio la desprolijidad en su elaboración salta a la vista, así como una serie de inconsistencias que dejan más interrogantes que respuestas. Un defecto de partida es que no está precedido de una evaluación de los resultados del presupuesto de este año, que concluye.
El PGE 2023, de acuerdo con al análisis de Henry Oporto, sociólogo y director de la Fundación Milenio, concentra la inversión pública en el nivel central de Gobierno. Del total de Bs 27.482 millones presupuestados para inversión pública, Bs 23.056 millones se asignan al Ejecutivo, las Instituciones Descentralizadas y las Empresas Nacionales, o sea el 82% de toda la inversión, lo que deja para los niveles subnacionales un magro 18%, observó Oporto.
El analista remarcó que el Ejecutivo insiste en retener para sí obras y programas que deberían desconcentrarse. Esto, a despecho de la pobre ejecución de los recursos de inversión pública en las gestiones anteriores, y a expensas de las necesidades y demandas de los gobiernos subnacionales.
“Está demostrado que un presupuesto centralizado es más ineficiente que uno que reparte recursos entre los varios niveles de administración y según las competencias y atribuciones definidas en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. Y no solo eso. También se presta menos al control y la vigilancia de los ciudadanos que en los ámbitos locales y departamentales y, por tanto, es más proclive al despilfarro y la discrecionalidad”, subrayó Oporto.
Otro aspecto que se observa es que el presupuesto consolidado 2023, los ingresos corrientes aumentarían en 7,8% y los gastos corrientes en 7,1%. La diferencia implica un ahorro de Bs 4.292 millones después de cubrir gastos de sueldos y salarios, bienes y servicios, pago de intereses de la deuda pública y resto de gastos.
Sin embargo, ese ahorro y los ingresos de capital no alcanzan para financiar los gastos de capital de Bs 39.350 millones, de donde resulta un déficit fiscal de Bs 33.814 millones (7,49% del PIB), que deberá ser financiados con recursos de crédito externo y crédito interno.
Si bien el déficit fiscal que se prevé para 2023 es menor al déficit presupuestado de este año de 8,0%, sigue siendo excesivo, y no revierte la tendencia de los últimos 9 años de cuantiosos saldos deficitarios provocados primordialmente por los gastos crecientes del gobierno. De hecho, la programación del gasto público prevé un aumento de 4,5% en sueldos y salarios en el aparato estatal, que pasa de Bs 45.235 en el PGE de 2022 a 47.253 millones en el PGE de 2023.
La apuesta gubernamental
Marcelo Montenegro aseguró que el proyecto del PGE contempla un incremento de 3,8%, de Bs 235.000 millones del presupuesto consolidado a 2022 a Bs 244.000 millones. A su criterio esta cantidad de recursos permitirá a la economía tener inversión de $us 4.006 millones.
Respecto a las transferencias para las Entidades Territoriales Autónomas (ETA) y Universidades Públicas, la autoridad remarco que las mismas subirán en 3,9% para el 2023 y estos recursos permitirán la ejecución de diferentes programas y proyectos en salud, educación, vivienda, seguridad ciudadana, entre otros.
Montenegro subrayó que el proyecto tiene el objetivo de garantizar la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de las finanzas públicas, profundizar el proceso de industrialización con sustitución de importaciones, fortalecer el aparato productivo con políticas de incentivo y fomento a la productividad y continuar con la ejecución de políticas sociales con la redistribución de excedentes.
Ante la no aprobación, en Diputados, del PGE 2023, el ministro apeló a la reflexión de los asambleístas e hizo notar que en la Cámara de Diputados no han objetado cuestiones de fondo, sino temas políticos, a tiempo de indicar que espera que la no aprobación del proyecto no se trate de un “boicot a la gestión económica del presidente Luis Arce”.
