Ante los últimos hechos de violencia que se registraron contra los trabajadores de la prensa, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, exigió al gobierno frenar ataques policiales, presión judicial y que garantice el cumplimiento de su trabajo.
“Exigir al Presidente Luis Arce, y a las autoridades que correspondan, que garanticen el cumplimiento de los derechos de los periodistas y la sanción a los responsables de las acciones de violencia y de censura”, dice la nota.
Con base en los datos recabados por el Observatorio de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (UNITAS), en lo que va de este año se registraron 167 vulneraciones a la libertad de prensa, cifra que superó a los 73 casos se presentaron en 2021.
Entre el 25 y 26 de noviembre en la ciudad de La Paz, alrededor de 30 delegados de las asociaciones de periodistas de los nueve departamentos sostuvieron un encuentro para evaluar la situación, donde además se definieron medidas de protección.
Ante la presión judicial y lo procesos ordinarios contra algunos miembros del gremio, anunciaron la creación un equipo jurídico nacional para la defensa de los periodistas que estén bajo amenaza o que hayan sido víctimas de la vulneración de sus derechos en el ejercicio de sus funciones.
Condenan los actos de violencia contra los periodistas y trabajadores de la prensa, al respecto exigen al Ministerio Público que informe sobre los casos que abrieron de oficio sobre estos hechos.
A la vez, demandan al Ministerio de Gobierno que instruya a las fuerzas policiales cumplir con su deber constitucional de garantizar la seguridad de todos los periodistas y trabajadores de la prensa en el cumplimiento de su trabajo diario.
Demandar a los propietarios de los medios de comunicación brindar seguridad laboral y defender a los periodistas cuando sean víctimas de agresiones y otros abusos.
Casos relevantes
Uno de los hechos más emblemáticos fue el secuestro de un grupo de periodistas en octubre del 2021 mientras se hacía el registro de un avasallamiento en Las Londras. El ataque fue cometido por un grupo de los denominados interculturales que estaban armados que torturó y amenazó de muerte a periodistas, policías y civiles.
Autoridades presionan para que periodistas revelen la fuente de sus noticias y los amenazan con privarlos de libertad si es que no lo hacen, vulnerando la Ley de Imprenta, la Constitución Política del Estado y los instrumentos internacionales ratificados por el Estado boliviano.
En las últimas semanas se han generado más de 40 ataques físicos y verbales contra periodistas durante el paro cívico cruceño por el censo. Ninguno de esos casos ha terminado con sanciones a los responsables.
Persisten las medidas de acoso judicial, asfixia económica, presiones directas e indirectas y manipulación de la justicia para intentar amedrentar y acallar a los medios de comunicación y periodistas.
