El Gobierno tiene asignados el 85% de los ingresos del Presupuesto General del Estado (PGE) 2023 y expertos advierten que continúa siendo el “principal agente económico del país”. Este porcentaje es similar al que se distribuyó esta gestión.
“En palabras sencillas, de los 243.950 millones de bolivianos del presupuesto consolidado, el gobierno nacional se queda con el 85% de los ingresos y gasta el 66% del mismo. Si comparamos con los datos del PGE 2022, no se observa variaciones significativas: sólo vemos el aumento en los totales de los presupuestos, donde el Estado central sigue siendo el principal agente económico del país, en todo el sentido de la palabra es nuestro ‘papá’”, declaró el presidente del colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero.
El análisis hecho por el experto da cuenta de que el 55% del presupuesto consolidado de ingresos lo absorben los órganos de Estado y el 30%, las empresas estatales; ello suma el 85%. El 15% restante corresponde a los gobiernos municipales, departamentales, universidades públicas, entidades descentralizadas y otros.
Respecto al presupuesto consolidado de gastos, con los mismos actores, el Gobierno consume un 34,5%; las empresas estatales, un 31,8%; y el resto de las entidades subnacionales ya autónomas, un 33,7%.
Según datos del PGE, entre el 2010 y 2020 hubo superávits de cuenta corriente debido a que los ingresos fueron mayores que los gastos. Sin embargo, tras la pandemia causada por la covid-19, esa situación cambio. “Actualmente –agrega el experto– el Gobierno nacional busca cambiar la balanza con mayores ingresos corrientes este 2022 y que el siguiente año se proyecte una economía pujante sobre la base de sus ‘ingresos propios’”.
Por su parte, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, afirmó que –en términos de ingreso y gasto por nivel institucional– los órganos de Estado tienen un ingreso de 128 mil millones de bolivianos contra 84 mil millones de gastos.
“Ese excedente –aseguró la autoridad– va a cubrir a las entidades descentralizadas y los déficit que tienen los municipios, universidades, gobernaciones. No es como dicen, que todo se queda en la plaza Murillo y en La Paz. Esto sirve para que otras instancias de gobierno, como alcaldías y gobernaciones, puedan tener la ejecución de sus actividades a lo largo de la gestión”.
En cambio, el analista Gabriel Espinoza afirmó que alcaldías y gobernaciones administran porcentajes bajos del presupuesto y que las empresas públicas se llevan una mayor cantidad de recursos, considerando que éstas, “en su mayoría son deficitarias”. Las que obtienen un mayor margen de ganancia, según dijo, se concentran en mercados monopólicos y no cuentan con incentivos “para que sean más eficientes”, “presten un mejor servicio” o “tengan algún producto o servicio que la población requiera de forma cotidiana”.
“Este es un problema serio porque en el ajuste del PGE de este año el ministerio mencionó que se redujo el déficit fiscal; pero los gastos del Gobierno central suben y lo que se mantienen bajo es el gasto a cargo de los otros niveles del Estado. Por tanto, hay una centralización profunda del gasto y esto deja en una situación poco ventajosa a los gobiernos subnacionales, que dan servicios e infraestructura a la población. Ellos se encargan de la salud, educación y recojo de la basura, entre otros”, explicó.
Alberto Bonadona, experto en el área de economía, cuestionó la gran cantidad de recursos que manejan las empresas públicas y el poco margen que tiene respecto a sus ganancias. “Las otras empresas estatales, pese a que alguna dio alguna utilidad, no creo que valga la pena sostenerlas a largo plazo. No es lo más conveniente en este momento porque es demasiado riesgoso poner dinero en esas empresas con incidencia tan pequeña. Esperemos que las nuevas, como la planta de úrea, lleguen a generar mayor utilidad”.
