El Gobierno nacional comunicó este viernes que respetará la ley del censo si es que es aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), siempre y cuando no quite competencias que son privativas del Ejecutivo.
María Nela Prada, ministra de la Presidencia, sostuvo que la administración de Luis Arce cumplió dando solución al conflicto y que se respeta la labor que encara la Cámara de Diputados con la discusión del documento.
“Como órgano Ejecutivo hemos cumplido con nuestros compromisos, respetamos, es otro órgano del Estado y siempre lo dijimos, en la medida que este proyecto de ley no quite competencias que son privativas del órgano ejecutivo, por supuesto que no habrá ningún problema”, explicó.
Instó a que se levante la medida de presión que cumple 35 días en la capital cruceña y recalcó que la realización del censo en 2024 y la reasignación de escaños y redistribución de recursos antes de 2025 son aspectos que se plantearon antes que inicie la movilización.
“Nosotros siempre hemos señalado que como órgano Ejecutivo hemos cumplido y lo dijimos desde el primer día. Este paro, llamado paro, este criminal bloqueo forzoso pudo ser evitado, hay pérdidas irreparables, como las vidas, hay cientos de heridos, hay miles de derechos que han sido vulnerados, hay heridas y dolores profundos en nuestro tejido social”, agregó.
Sin embargo, desde la facción ‘evista’ al interior del Legislativo, se ratifica que la norma no contará con respaldo, porque afecta intereses de regiones en cuanto a representatividad. Mediante un comunicado, la dirección del MAS denunció que la ley es un “paso definitivo hacia la destrucción de la unidad de la bancada” y un “un premio consuelo al golpista Luis Fernando Camacho”.
“Como organización política ratificamos que nuestros diputados no se prestarán a esta acción de sometimiento del Legislativo a los caprichos de la derecha y preservarán en todo momento la autoridad y prerrogativas constitucionales del hermano presidente Luis Arce que ya promulgó un decreto para realizar el censo en 2024”, indica el pronunciamiento.
Anticipa que la ley del censo “causará el repudio de las regiones perjudicadas con la pérdida de curules en contra de los diputados que participen de su aprobación”, enfatizando que “al Ejecutivo no le interesa esa consecuencia y está dispuesto a sacrificar a representantes elegidos por el voto popular con tal de evitar la responsabilidad política en este conflicto”.
