Con el nuevo factor de distribución por el campo Margarita-Huacaya, Tarija recibirá 18,6% menos de recursos económicos, lo que se traduce en unos 76 millones de bolivianos anuales. El escenario de las finanzas departamentales no es muy alentador, por ello el gobernador Oscar Montes planteó una adaptación a la nueva realidad económica. En ese escenario pidió a la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) la revisión de 92 leyes, propuesta que genera posiciones divididas en el ente legislativo.
La semana pasada, YPFB hizo público los resultados del nuevo estudio del factor de distribución realizado por la consultora DeGolyer and MacNaughton (D&M), el cual establece que el 53,18% de los reservorios compartidos del campo Margarita-Huacaya pertenecen a Chuquisaca y el restante 46,82% a Tarija.
Menos recursos para Tarija
Según el análisis realizado por el legislador departamental y jefe de la bancada de Unidos, Mauricio Lea Plaza, con el anterior factor de distribución del campo Margarita-Huacaya, Tarija recibía 410,4 millones de bolivianos, pero solo administraba 334 millones de bolivianos.
Detalló que, en el caso de la Gobernación de Tarija, pasará de recibir 226 millones de bolivianos anuales a 184 millones de bolivianos, lo que muestra una disminución de 42 millones.
Tomando en cuenta que el 45% de las regalías departamentales se van para la Región Autónoma del Chaco, Lea Plaza manifestó que ellos pasarán de administrar 185 millones de bolivianos anuales a 150,4 millones. Disminuyendo sus ingresos en menos 34 millones de bolivianos.
La nueva realidad económica
Aunque el gobernador Montes no se ha pronunciado sobre el nuevo estudio de factor de distribución oficializado por YPFB, la autoridad ya advirtió que las organizaciones sociales además de las entidades públicas deben adaptarse a la nueva realidad económica.
Montes reconoció que la entidad se encuentra ante un posible quiebre financiero, esto por la congelación de cuentas que ha sufrido producto de una deuda que se tiene con ENDE, además de la disminución de los ingresos por regalías hidrocarburíferas. Por ello, recordó que había solicitado a la ALDT la revisión de 92 leyes que comprometen recursos de las arcas departamentales.
Respecto a esta situación, el asambleísta Lea Plaza explicó a El País, que, si bien existen leyes aprobadas que implican recursos económicos, varias de estas normativas, en la práctica, están siendo priorizadas en la asignación de recursos a través del presupuesto.
“Esto significa que, si bien hay establecidas algunas obligaciones financieras por ley, también hay la obligación que tiene el Gobernador de adecuar los gastos a los ingresos y evitar un déficit fiscal en la Gobernación. En consecuencia, esto implica que es necesario generar a través del presupuesto una suerte de priorización de recursos a estas leyes”, mencionó.
Lea Plaza hizo énfasis que esta situación ya fue planteada por el Gobernador al iniciar su mandato, pero que se le respondió que, si tiene una propuesta de derogación de leyes o ciertos artículos de estas leyes, lo pueda plantear mediante un proyecto de ley.
“La Asamblea no puede atender un pedido global de 92 leyes, eso sería una gran responsabilidad, pero legislativamente se requiere definir cuáles de esas leyes se deberían abrogar, cuáles derogar, qué artículos derogar. Entonces no es suficiente la manifestación que hace el Ejecutivo de plantear que abroguen o deroguen leyes, sino que tiene que plantear iniciativas legislativas, y definir qué leyes están en condiciones de financiar y qué leyes no, porque esa no es una responsabilidad de la Asamblea, sino del Ejecutivo”, manifestó.
El MAS aguarda el listado
Sobre este tema, El País consultó a la legisladora departamental del MAS y primer vicepresidente de la ALDT, Zaida Laura Charca, cuál será la postura de su bancada al respecto de estas leyes que el Ejecutivo Departamental ha solicitado su revisión, a lo que argumentó que al momento desconocen cuáles son estas normativas. Pese a que esta solicitud se hizo hace un año.
“No conocemos cuáles son las leyes que el Gobernador menciona. (…) lamentablemente toda la documentación llega a Presidencia de la ALDT y ellos no nos hacen conocer la documentación que ingresa, como primera vicepresidenta de la Asamblea al menos no me ha llegado la documentación, pero ni bien la conozcamos, esto será objeto de análisis de nuestra bancada para evaluar a qué sectores se afectaría con la abrogación de estas normativas”, indicó.
Piden analizar nuevos ingresos
Las legisladoras del MAS, Juanita Miranda y Zaida Laura, coincidieron al afirmar que al momento desconocen cuánto serán los recursos económicos que el departamento dejará de percibir, producto de la aplicación del nuevo factor de distribución. Sin embargo, han planteado al Gobernador gestionar recursos de fuentes externas o en lo posible pueda coordinar con el Gobierno y de esta manera captar ingresos para el departamento.
Cívicos se niegan a aceptar el estudio
Respecto a este tema, El País consultó al presidente del Comité Cívico de Tarija, Adrián Ávila, si están de acuerdo con la revisión de estas normativas por la nueva realidad económica del departamento. Sin embargo, el dirigente cívico señaló que no aceptan el estudio publicado por YPFB, debido a una serie de observaciones técnicas. Argumentó que aún no se puede hablar de una disminución de ingresos.
