La deuda, sea de cualquier índole, siempre se paga. Y el endeudamiento de Bolivia, externo e interno, junto con el contraído por las empresas públicas llega ya al menos al 78,8% del PIB, lo que puede incidir en la cantidad de recursos que puede destinar el Estado a la inversión. Para tapar esos huecos, en lo que va del año, el Gobierno de Luis Arce dio luz verde a la adquisición de $us 1.142 millones en créditos.
Tras una revisión a las normas publicadas en la Gaceta Oficial de Bolivia, se identificaron 12 decretos que autorizan a los ministerios correspondientes la suscripción de contratos de deuda por $us 1.142 millones con CAF, BID, Fonplata, ICO, Eximba, KfW y FIDA, para proyectos de empleo, salud, agua y saneamiento, riego, cambio climático, carreteras, energía, fortalecimiento del sistema estatal estadístico y otros de inversión pública.
Estos convenios deben ser aprobados por el Legislativo, tras lo cual se realizará el correspondiente desembolso.
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, insistió el domingo pasado en que la deuda externa permite dinamizar la economía del país a través de proyectos de inversión y que se accede a ésta no solo por su ratio con respecto al PIB, sino también tras una evaluación previa de indicadores económicos y sociales por parte de financieras multilaterales, para ver la capacidad de pago que tiene el país. Por esa razón, se autoriza el desembolso de créditos solicitados, porque el país tiene capacidad de pago, remarcó.
René Martínez, analista de presupuestos públicos de la Fundación Jubileo, afirmó que para evaluar la capacidad de pago de un país también se toma en cuenta la “disponibilidad de reservas”, que en el caso de Bolivia no pasan por un buen momento.
Juan Antonio Morales, ex presidente del BCB, coincidió en que la deuda externa del país es “muy manejable y que hay espacio para mucha más deuda”. “El problema”, sin embargo, “es que está aumentando el riesgo país (que mide la probabilidad de incumplimiento de pagos de un país)”.
Al 31 de diciembre de 2021, la deuda externa llegó a $us 12.697 millones, el 31,2% del PIB, una cifra que estaría en torno a los $us 13.300 si el BCB no hubiera excluido de contabilidad las asignaciones y depósitos de organismos multilaterales como el FMI.
El saldo de la deuda del TGN, a su vez, suma al 31 de julio $us 14.303 millones y el de las empresas públicas con el Banco Central (incluido el Finpro) $us 6.121 millones.
“La deuda interna está relativamente alta, pero es nominal, es decir, puede diluirse vía inflación o vía mayor emisión. Claro que eso tiene riesgos”, dijo Morales.
Cuentas fiscales
Sumadas las tres deudas, la deuda pública alcanza los $us 33.122 millones (78,8% del PIB).
“Los organismos internacionales van a tomar en cuenta siempre la deuda pública total”, afirmó el analista financiero Jaime Dunn, quien acotó que la crisis de la pandemia y el contexto internacional ejercen una fuerte presión sobre las cuentas fiscales.
La “preocupación por los niveles de endeudamiento interno y externo de Bolivia”, aseveró, se refleja en la menor calificación del riesgo del país.
Con esas cifras, la situación de las finanzas públicas es “muy complicada”, remarcó Martínez. “La velocidad del endeudamiento de los últimos años es reflejo del excesivo crecimiento del gasto y, por tanto, del profundo déficit fiscal”, que se arrastra desde hace nueve años, manifestó.
“El déficit fiscal no se logra cerrar porque -así como los ingresos han caído y han sido reemplazados por deuda- los gastos no han disminuido”, aseveró Dunn.
El Banco Mundial proyectó ya en abril de este año que la deuda consolidada total del país representará este año cerca del 80% del PIB, un porcentaje que incluye la de los tres niveles de gobierno, empresas públicas, acreedores externos y privados nacionales, y sector público financiero, incluido el Banco Central.
