Fueron cuatro intentos para llegar un acuerdo interinstitucional. El Ministerio de Gobierno pidió en cuatro ocasiones -con notas oficiales- a su par de Defensa firmar un convenio de coordinación interinstitucional para la utilización de los radares en la lucha contra el narcotráfico. La cartera de Edmundo Novillo no lo hizo.
Defensa argumentó su decisión de no coordinar con la Policía “porque eso atentaría contra la seguridad del Estado”, según respondió esa cartera a Gobierno. Esa posición se la conoció tras la petición de informe que solicitó la diputada Luisa Nayar al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, sobre el estado de los 13 radares que adquirió Bolivia en 2015.
Esta respuesta reveló una pugna interna en el Órgano Ejecutivo, entre los ministerios de Defensa y de Gobierno. Y la situación es más crítica tomando en cuenta que se trata en un tema de Estado, como lo es la lucha antidroga. Además, se evidenció el incremento de vuelos irregulares o la creación de pistas clandestinas.
“Durante la gestión 2021, son 46 avionetas las que fueron encontradas con cocaína y marihuana, esto se traduce en 20 toneladas de cocaína y 190 toneladas de marihuana. En la gestión 2022 se incrementó el hallazgo de avionetas y helicópteros con drogas. Son 83 avionetas y tres helicópteros y se hace una sumatoria de 11 toneladas y 139 toneladas de marihuana”, cuestionó la diputada Nayar.
Alto costo en radares
En 2015, Bolivia adquirió 13 radares de tecnología francesa por el valor de $us 225 millones. Estos equipos fueron instalados en 12 regiones del país. Cuatro radares son de defensa aérea, un radar primario de vigilancia, dos radares de aproximación y seis radares civiles secundarios.
El sistema está distribuido con seis radares de uso civil y siete de empleo militar. Son estos radares los que se tendrían que utilizar para la lucha antidroga, pero por ahora no existe un convenio interinstitucional para realizar un trabajo coordinado entre la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y la Fuerza Aérea Boliviana (FAB).
Existe la Ley 521 de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo -promulgada en 2014- que necesita ser modificada para que exista una coordinación entre fuerzas militares y policiales. Esta norma crea un Consejo de Coordinación Técnica-Operativo y no hay ninguna entidad de la Policía en este grupo. Está la FAB, la Dirección General de Seguridad Nacional Aeroportuaria (Digesna), lo que era la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) hoy Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). En punto final se incluye “otros que sean considerados necesarios”.
Esta norma califica tres tipos aeronaves que invaden el cielo boliviano. Las infractoras, que son “por su conducta voluntaria o involuntaria, modifican su plan de vuelo original sin notificar al control de tránsito aéreo; vulneran o no cumplen las reglamentaciones aeronáuticas; o incumplen órdenes y disposiciones de los controladores aéreos”.
Las aeronaves ilícitas son aquellas “que en tierra o en vuelo, realizan actividades con propósitos incompatibles a las normas de aviación civil internacional; violación del espacio aéreo o actividad delincuencial”.
En ambos casos este tipo de aeronaves solo “podrán ser obligadas a aterrizar mediante órdenes o interceptación con el fin de llevarse a cabo los procesos judiciales correspondientes”.
Un tercer tipo de aeronaves son las hostiles que son aquellas que “muestran evidentes acciones de agresión, amenaza o intento de fuga. Asimismo, aquellas aeronaves que siendo declaradas ilícitas se nieguen aterrizar o a cumplir órdenes o disposiciones”.
En este último caso este tipo de aeronaves pueden ser derribadas previo pedido de aterrizaje. “Agotadas las medidas y acciones preventivas, disuasivas y coercitivas sobre aeronaves declaradas hostiles, previa advertencia, éstas quedan sujetas a las medidas y acciones reactivas consistentes en el empleo de la fuerza, mediante la agresión física o represión contra la aeronave, cuyo resultado puede manifestarse en daños, derribo o destrucción de la aeronave”, dice el artículo 11 de la ley 521.
En ninguna parte de la norma se incluye a la Policía en el trabajo del control de espacio aéreo, incluso se establece que las aeronaves incautadas al narcotráfico pasan a la FAB.
Anuncian la inauguración
El diputado Santos Mamani, presidente de la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas de la Cámara Baja, afirmó que si es necesario modificar la norma para que operen los radares se lo debe hacer. El legislador anunció que está previsto que en octubre se inaugure este sistema de control aéreo boliviano.
“En octubre sería, me indican, la inauguración, la entrega de estos radares, tenemos la información desde el Ministerio (de Defensa). Se está avanzando, se ha tenido algunos retrasos, pero se va a hacer en octubre”, dijo Mamani.
Sin embargo, todavía existe pendiente la firma del convenio para la lucha contra el narcotráfico que implicaba compartir información de los radares que tiene la FAB. Del Castillo denunció que su colega Edmundo Novillo no está a favor del acuerdo.
“El proyecto de convenio cumple con las necesidades técnicas y operativas para la aplicación y uso del sistema integrado de seguridad, defensa aérea y control del espacio aéreo, en las actividades de la dirección general de la Felcn en la lucha contra el narcotráfico a nivel nacional”, dice un informe de la Felcn que fue enviado al Comando de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo (Cosdea), según la respuesta de Del Castillo a la petición de Nayar.
Como ese pedido hubo otros tres, pero ninguno llegó a buen puerto. “El Ministerio de Defensa remitió copias del informe técnico 03/2021 de 9 de julio de 2021, el cual señala que ‘la transmisión de imágenes en tiempo real de vuelos regulares sería atentar contra la Seguridad del Estado, para lo cual se debe establecer los canales correspondientes de transmisión de información (…) rechaza y no reconoce la factibilidad ni viabilidad del mencionado proyecto de convenio interinstitucional por los requerimientos que no aplican al alcance ni finalidad de las tareas operativas a realizarse, enmarcadas en la normativa aplicable’”, es la respuesta de Defensa a la Felcn y que también está en el documento que envió Del Castillo a la diputada Nayar.
El ministro de Gobierno informó que cursó notas el 19 de julio, 30 de agosto, 15 de septiembre de 2021, y 24 de enero de 2022 reiterando “la imperante necesidad de contar con este instrumento que permita desarrollar un trabajo conjunto de coordinación”.
Novillo no habló sobre el tema y en Defensa informaron que podría haber un comunicado de prensa, que hasta el cierre de edición no se publicó. En los primeros cinco meses de 2022 la Felcn se incautó de 81 avionetas que operaban el puente aéreo de la droga y ya dobló la cantidad de esas confiscaciones que se hizo en 2021. Además, en lo que va del año, se han anulado 24 pistas clandestinas, pero se han detectado otras 300.
Una fuente militar explicó a EL DEBER que los 13 radares están en buenas condiciones y que solo los militares esperan una normativa para poder ser utilizados para controlar el espacio aéreo.
