Desde 2006, Bolivia recibió alrededor de $us 50.000 millones por concepto de renta petrolera gracias a la nacionalización de los hidrocarburos y sentó soberanía sobre sus recursos naturales.
Durante las privatizaciones, en la época neoliberal, las empresas privadas se llevaban la mayor parte de los ingresos por la venta de gas a Argentina y Brasil, mientras que Bolivia solo se quedaba con el 18%, pese a que era el dueño del gas.
Esa situación cambió radicalmente el 1 de mayo de 2006, fecha en la que se comenzó a escribir una nueva historia para el desarrollo y progreso del país, ya que todos los recursos hidrocarburíferos fueron nacionalizados por el entonces presidente Evo Morales y ese porcentaje de ingresos se incrementó a 82%.
De acuerdo con datos del Ministerio de Hidrocarburos y Energías, en 16 años de nacionalización los resultados son visibles. El país ha recibido por concepto de renta petrolera alrededor de $us 50.000 millones, ingresos que permitieron ejecutar proyectos de salud, educación y de otros sectores, además, posibilitaron financiar programas y bonos sociales como la Renta Dignidad, el Bono Juancito Pinto, el Bono Juana Azurduy y otros, que se enmarcan en la política social de distribución de la riqueza.
Las universidades, gobiernos departamentales y municipales también se fortalecieron con la redistribución de ingresos proveniente de la renta, ya que además de regalías acceden al Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
Redes de gas
Gracias a la nacionalización y a la política de redistribución de la riqueza, se pudo ejecutar obras que amplían el uso de gas natural a favor de las familias bolivianas a través de redes domiciliarias.
Antes era un lujo tener gas domiciliario, pero esto cambió gracias a la política del Gobierno nacional y en 16 años se amplió a más de 1,1 millones de hogares este beneficio y se mejoró la calidad de vida de más de 5,4 millones de bolivianos.
Industrialización
Asimismo, la nacionalización de los hidrocarburos abrió el camino para que Bolivia pueda convertirse en un país industrializador, generando valor agregado del gas mediante la producción de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y urea.
Hasta 2012, Bolivia era un país importador de GLP. Sin embargo, comenzó a tener mayores recursos y fortalecer su economía gracias al pilar de la nacionalización, que además permitió construir las plantas de Río Grande y Gran Chaco.
“Hemos ido incrementando nuestra producción y nuestros ingresos de tal modo que en 2021, pese a que veníamos de un golpe de Estado, triplicamos nuestros esfuerzos y conseguimos batir récords consiguiendo una producción de 426.738,4 toneladas métricas (TM) y 140,4 millones de dólares por concepto de venta en los mercados interno y externo”, señaló el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, en ocasión de conmemorar 16 años de nacionalización de los hidrocarburos.
Del mismo modo, la Planta de Amoniaco y Urea (PAU), que entró en operaciones en 2017, se constituye en el estandarte de la industrialización del gas.
Esta mega obra, que es de gran importancia para el país por los ingresos que genera y por su contribución al agro nacional, fue gravemente afectada en el gobierno de facto en 2020, ocasionando pérdidas económicas que superan los $us 450 millones para el Estado boliviano.
Sin embargo, al primer semestre de este año, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) facturó más de $us 160 millones por la comercialización de urea granulada a los mercados interno y externo.
La nacionalización de los hidrocarburos, que hasta 2005 estaban en poder de empresas transnacionales, tuvo un notorio impacto positivo en la economía boliviana, reflejada en un crecimiento económico histórico para el país y en el desarrollo hacia la industrialización.
Este crecimiento económico, reflejado en la renta petrolera, significa un ingreso para el Tesoro General de la Nación (TGN) y también para mejorar la acumulación de las Reservas Internacionales Netas (RIN), lo que repercute en la solvencia del Estado Plurinacional de Bolivia.
