En medio de la pugna por el próximo censo de población y vivienda, la Gobernación de Santa Cruz anunció ayer que hará su propio levantamiento estadístico para saber el estado en el que viven las familias en las 15 provincias del departamento. Los resultados de este trabajo, según el gobernador Luis Fernando Camacho, se conocerán antes de fin de año y antes de que se realice el operativo censal, postergado hasta el 2024.
“Tenemos que presentarle a los cruceños, por lo menos en el mes de octubre, el trabajo realizado en su totalidad. Este levantamiento estadístico departamental corresponde a una investigación científica en base a datos claros, en base a una investigación seria que se hace en todo el departamento para poder tener los datos en salud, en educación y saber cómo están las familias; cuántas tienen techo propio; para que el Gobierno vea que no estamos en opulencia como se quiere hacer creer”, dijo Camacho.
La iniciativa se presentó en un acto realizado en el Centro de Educación Ambiental (CEA), mientras que el presidente Luis Arce se reunía, a menos de 20 cuadras de ese sitio, con los gremialistas afectados por el incendio del mercado Mutualista en instalaciones del edificio Conaltid. Ambos eventos se realizaron cerca del mediodía.
El mandatario cumplió ayer una agitada agenda en Cochabamba y Chuquisaca, donde se realizaron actos por el Día de la Revolución Agraria, Productiva y Comunitaria. Se dio un espacio para visitar Santa Cruz de la Sierra y empleó sus canales digitales para mostrar el respaldo que recibió de parte de la Federación Sindical de Campesinos de los Valles Cruceños.
“Exigimos un censo técnicamente bien realizado para la planificación y el desarrollo de nuestros municipios. Respaldamos su realización en 2024, previa la socialización de las autoridades competentes”, señala el pronunciamiento de este sector, afín al Movimiento Al Socialismo (MAS).
El pronunciamiento señala un apoyo al Jefe de Estado ante supuestos aprestos “desestabilizadores”. Esto a propósito de la amenaza de un paro de actividades para el 8 y 9 de agosto en Santa Cruz y que se puede cumplir si el Gobierno no acepta ajustar la fecha de ese empadronamiento.
El sábado pasado, en una cumbre en la que participaron más de 400 instituciones cruceñas, se aprobó una resolución para exigir la nulidad del Decreto 4760 con el que se postergó la fecha del censo hasta 2024 y espera que el Instituto Nacional de Estadística (INE) explique las razones técnicas para aplazar el operativo estadístico que, inicialmente, fue fijado para el 16 de noviembre de este año.
La normativa fue aprobada por el presidente Arce a merced de una solicitud de “consenso” que hizo el Consejo Nacional de Autonomías (CNA), el pasado 11 de julio. Ese día, ocho de los nueve gobernadores, además de representantes de las asociaciones municipales y autonomías indígenas, solicitaron postergar la gran encuesta debido a las demoras en la actualización cartográfica, la falta de socialización de la boleta censal y los problemas que se reportaron con la llegada de las tabletas electrónicas con las que se levantarán los datos el día del operativo estadístico.
Camacho, quien fue invitado el 1 de julio, no participó en esa reunión, porque coincidió con una citación judicial en caso ‘Golpe I’.
El ministro de Gobierno, Eduardo del Catillo, afirmó que “técnicamente es imposible adelantar la fecha del censo y aseguró que el Gobierno respaldará las actividades durante los días de la protesta.
“Si la familia gremial decide salir a trabajar, vamos a garantizar ese trabajo; si los transportistas de este departamento deciden ir a trabajar, vamos garantizar ese trabajo; y quienes quieran realizar un paro que se queden en sus casas”, afirmó la autoridad, quien estuvo en Santa Cruz junto al Presidente.
El ICE definió una muestra de 8.000 hogares en el departamento para desarrollar la encuesta, explicó
Juan Pablo Suárez, director del instituto cruceño que estará a cargo del operativo estadístico. El especialista señaló que, de acuerdo con el diseño del estudio, existe un nivel de confiabilidad del 98% y que se tomarán en cuenta hogares urbanos y rurales. Anunció que antes de fin de año, el departamento contará con información preliminar importante.
La encuesta abordará la identidad étnica, violencia, Covid-19, niñez y adolescencia, indicadores socioeconómicos, turismo y migración, acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación. “Este levantamiento estadístico departamental es una acción que surge al ver que el Gobierno masista se niega a realizar el censo, por incapacidad y también por un cálculo político. Por eso, vamos a levantar los datos estadísticos del departamento y así tener la información que el centralismo no quiere dar a conocer”, remarcó el Gobernador durante la presentación del “censo departamental”.
Así, la autoridad resaltó la importancia de esta información para la planificación y organización de los gobiernos municipales y departamentales de la región cruceña. “No podemos quedarnos solo en la resistencia y en la protesta; vamos a usar la metodología y los medios de la investigación estadística para proyectar las cifras de nuestro departamento, para contar con información confiable”, manifestó el gobernador.
Por eso, un proyecto de ley que declara prioridad departamental esta labor estadística será enviado a la Asamblea Legislativa Departamental para su aprobación. Camacho indicó que se asignarán los recursos necesarios para este caso.
Por su parte, Zvonko Matkovic, presidente del Legislativo cruceño, defendió la competencia departamental para hacer el estudio. “Tenemos la obligación de planificar y promover el desarrollo humano; elaborar nuestras propias estadísticas departamentales y elaborar y ejecutar planes de desarrollo departamental”, afirmó.
“Nos van a querer mentir, porque ya lo hicieron. Lo hicieron en marzo cuando el INE nos dijo que tenía el trabajo listo y en junio están diciendo que no habían hecho nada”, manifestó Matkovic, quien lamentó la falta de transparencia del Gobierno respecto al censo. La ley será tratada con urgencia.
