El Gobierno de Luis Arce se parcializa con al menos cinco hechos de corrupción y violencia durante su gestión, a través de los operadores de justicia que se “rinden” ante el poder, según el análisis de juristas. Los expertos consideran que el mandatario repite prácticas erróneas y similares a las de Evo Morales, quien decidió cerrar los casos del Fondo Indígena, CAMC, Barcazas chinas y otros.
Asimismo, coincidieron en que estas actitudes son alentadas por una crisis de la justicia acompañada de la falta de credibilidad en las instituciones, profundizada desde hace 15 años.
La tortura y secuestro de periodistas, policías y trabajadores agrícola en Las Londras; las ambulancias “fantasmas” de la Gobernación de Potosí; legisladores implicados en violencia hacia la mujer; supuesto tráfico de influencias en el Ministerio de Educación (sobreseído el 4 de julio) y los presuntos vínculos con el narcotráfico por parte del vicepresidente del MAS, Gerardo García, (con avance lento de las investigaciones) son los cinco casos que estarían encaminándose hacia la impunidad.
“Estos casos son una muestra de parcialización con los afines y militantes del MAS y del Gobierno. A ellos los tratan con la mayor flexibilidad del caso, mientras a los otros procesados y a la población aplican un rigor marcado. El sobreseimiento del exministro de Educación es un anuncio de que están yendo a liberarlos de culpas a todos, como el caso del gobernador de Potosí con tantas evidencias y no pasa nada”, afirmó el abogado constitucionalista, Carlos Borth, en contacto telefónico con EL DEBER.
Agregó que la crisis de la justicia es “inocultable” y que se origina en la inexistente independencia de fiscales, jueces y magistrados de todos los tribunales del país. Este problema tiene una data anterior al gobierno del partido azul; sin embargo, sostuvo que la gestión de Morales fue época en la que más se agravó la falta de legitimidad y legalidad.
“El presiente Arce simplemente está continuando en esa línea porque les conviene. Ese es el tema de fondo, no habrá cambios porque el Gobierno del MAS se siente cómodo y necesita digitar la justicia para aplicar su visión política”, enfatizó Borth.
En concordancia, el exalcalde paceño y miembro de los juristas independientes, Juan Del Granado, explicó que la crisis judicial se viene denunciando desde hace una década, no solo en el gobierno de Morales sino en el de Jeanine Añez, épocas en la que se permitió la “impunidad permanente de los poderosos” y la persecución política de los opositores.
“Los jueces y fiscales se han acomodado a las preferencias políticas de los gobernantes de turno, dejando de lado la Constitución y los principios básicos del debido proceso”, remarcó.
Los abogados señalaron que existen casos excepcionales en los que un funcionario o militante del oficialismo está detenido. Por ejemplo, Borth observó que la denuncia contra Gerardo García no haya avanzado en la vía administrativa a cargo del Ministerio de Justicia porque se declaró reservada.
El partido azul en varias oportunidades ha ratificado que no hay protección ni tolerancia con la corrupción que se denuncia al interior del Gobierno o por parte de los militantes. En ese entendido, el diputado Héctor Arce (MAS) denunció al exviceministro de Riego Wilder Quiroz y a la directora ejecutiva de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra de Bolivia, Angélica Ponce, por presuntos hechos de corrupción. Sin embargo, los aludidos han declarado que se trata de una pugna y persecución al interior del partido de Gobierno a los “renovadores”.
Para el abogado y analista político Daniel Valverde, si el caso de las ambulancias “fantasmas” hubiera ocurrido en una gobernación de oposición se iba activar las debidas investigaciones y no como se ve ahora al gobernador Jhonny Mamani “sentado tranquilo en su despacho”.
Sobre la denuncia del diputado Rolando Cuéllar contra García, afirmó que pese a que es una denuncia con poca consistencia, lamentó que el Viceministerio de Transparencia “se apodere” del caso y no se trate de forma pública.
“Se debería publicar los estados de cuenta y la Fiscalía debería intervenir. El diputado Rolando Cuéllar (MAS) también debería ir a la vía penal y no manejarse mediáticamente, ya que anunció la presentación de nuevas pruebas para esta semana y aún no lo hizo”, observó Valverde.
Los tres abogados concordaron en que para evitar la politización del Órgano Judicial hace falta voluntad de todos los actores del Estado para encaminar un cambio urgente de quienes deben brindar las garantías constitucionales a la población.
Las propuestas se enmarcan en la reforma de la Constitución Política y la gestión de consensos entre las fuerzas políticas. Sin embargo, el legislador Israel Quino no ve conveniente modificar la Carta Magna en una etapa de inestabilidad política, más bien plantea cambios administrativos desde el Ministerio de Justicia y el Consejo de la Magistratura.
“Debemos hablar de una reestructuración judicial porque ver solo con reformas entramos en un escenario demagógico y un par de leyes no cambian nada. Se deben destituir jueces, no debe haber filtro político, evitar la burocracia y usar tecnología, la redistribución de juzgados en el país y optimizar condiciones salariales”, aclaró.
Estado de los casos
Hace ocho meses, unos 70 campesinos afines al MAS atacaron a un grupo de 17 periodistas, trabajadores agrarios y policías en Las Londras, en Guarayos. Los únicos implicados fueron beneficiados con detención domiciliaria sin custodio, pese a que admitieron los delitos cometidos.
Al respecto, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) consideró que la decisión judicial de liberar a los únicos dos detenidos por el caso Las Londras “deja una profunda huella de impunidad, pone en duda el papel de la justicia y las intenciones de reformarla en un ambiente de absoluto descrédito para esta institución”.
El juez que liberó a Evert Sixto Canaza y Paulino Camacho se llama Roberto Cruz Hurtado Roca, de Guarayos. La autoridad consideró como válido un certificado policial de Sixto Canaza, en el que se dice que no tiene antecedentes penales.
Otros sucesos que se investigan y que implica a legisladores oficialistas son el presunto hecho de violación contra el senador Hilarión Padilla Mamani, quien habría ofrecido a una joven un cargo en YPFB, para concretar la propuesta le pidió que se traslade a la ciudad de La Paz, cuando llegó la citó en un alojamiento donde habría consumado el delito. El parlamentario fue detenido por la presión pública que obligó al MAS dar de alta al suplente.
Un caso reciente es del diputado masista Froilán Mamani quien acudió ayer a la Asamblea Legislativa para sesionar, pese a que hace una semana fue denunciado por violencia intrafamiliar por su asesora y pareja.
El tercer hecho donde se advierte beneficios a una autoridad masista es el sobreseimiento de la Fiscalía a favor del exministro de Educación Adrián Quelca, que lo libera de un proceso judicial por el delito de incumplimiento de deberes en el cual estaba imputado desde el año pasado.
El caso fue iniciado a denuncia de la entonces viceministra de Educación Superior, Aurea Balderrama. Según la querella, el entonces ministro habría enviado instrucciones mediante WhatsApp a un alto funcionario para favorecer o perjudicar a determinados postulantes en el proceso de designación de cargos directivos.
En tanto, hace dos semanas, el Ministerio Público decidió imputar solo a tres funcionarios de la Gobernación de Potosí dentro del proceso de adquisición irregular de las 41 ambulancias, pese a que la Contraloría General del Estado, a través de un informe, señaló que “existen indicios evidentes de que pudiese existir responsabilidades de la Máxima Autoridad Ejecutiva, como del Responsable de Procesos de Contratación”.
Comcipo denunció encubrimiento de parte de la fiscal departamental de Potosí, Roxana Choque, al gobernador de Potosí, Jhonny Mamani (MAS), porque no fue considerado como responsable.
