La defensa legal de la expresidenta Jeanine Áñez denunció injerencia política del Gobierno para que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) rechace el recurso de inconstitucionalidad en su juicio, por lo que pidió aclaración; y, mientras no haya respuesta, espera que el proceso judicial no se reanude.
«Una vez más vemos que existe una injerencia política. Esperábamos que el Tribunal Constitucional pueda actuar fuera de esta presión política, (pero) lo ha hecho actuando, acompañado, a esta presión política; sometiéndose al Órgano Ejecutivo», afirmó el abogado Luis Guillén.
La semana pasada, el TCP rechazó el recurso de inconstitucionalidad que Áñez planteó contra los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes, ya que considera que fueron «mal tipificados» en su juicio. El fallo fue notificado el viernes por la mañana, dijo el jurista.
«Hoy por la mañana (lunes) hemos interpuesto una solicitud de complementación, explicación y enmienda contra esta resolución. Fue presentada en Sucre», sostuvo Guillén.
Otra de las abogadas de Áñez, Norka Cuéllar, precisó que el TCP rechazó el recurso por falta de documentos y cuestionó la no petición de los mismos. Lamentó que la institución actúe baje la injerencia política.
«Esto (solicitud de aclaración) puede tener efectos porque se solicita una aclaración dentro de lo que han emitido, quiere decir que esta semana no se reanudará ni debería reanudarse el juicio mal llamado golpe 2, porque existen recursos que todavía están pendientes y deben ser tratados por el TCP», enfatizó Guillén.
La hija de Áñez, Carolina Ribera, por su lado, afirmó que este juicio contra su madre es para negar el Gobierno transitorio y no así por las víctimas de Sacaba y Senkata en 2019.
«Si niegan el gobierno de mi madre, en qué queda el gobierno actual, si fue mi madre la que convocó a elecciones y dio posibilidad de estas elecciones», aseveró.
Guillén mencionó que, en el informe del relator especial de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán, hace referencia a la «mala tipificación» de los delitos contra la Constitución, que se practica en la justicia boliviana. El juicio por el caso golpe de Estado 2 fue paralizado, Áñez está acusada por delitos cometidos cuando era senadora y al momento de asumir la Presidencia, entre el 10 y 12 de noviembre de 2019.
