El Gobierno nacional anunció la construcción de la segunda planta de urea, cuatro plantas de biodiésel y una de fertilizantes. Según analistas, la administración de Luis Arce pretende construir nuevos elefantes blancos, pese al elevado déficit fiscal y la falta de recursos económicos en un escenario de crisis.
La pasada semana, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, ratificó el plan de construir la segunda planta de urea, cuya producción será destinada a la exportación.
A inicios de mayo, la estatal petrolera informó que la subsidiaria YPFB Refinación se adjudicó la construcción de cuatro plantas de biodiésel por 387,5 millones de dólares.
El Gobierno también señaló, a fines de abril, que se construirá en Cochabamba una planta de fertilizantes con cloruro de potasio proveniente de la industrialización del litio. Del mismo modo, se anunció la creación de la Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria (BPA).
Al respecto, el investigador de la Fundación Milenio Henry Oporto afirmó que la implementación de nuevas plantas o empresas públicas generará mayor debilitamiento de la economía e incrementará el déficit discal, por lo que considera irresponsable hacer este tipo de anuncios.
“Es una decisión políticamente irresponsable y moralmente reprochable, puesto que una de las principales fuentes del alto déficit fiscal es el mantenimiento de empresas ineficientes, mal administradas y que consumen buena parte del presupuesto nacional”, indicó el investigador.
Para Oporto, la creación de nuevas plantas y empresas, sin estudios de mercado y de factibilidad técnica y financiera, es reeditar el camino de la improvisación que llevó al fracaso a muchas de las empresas y proyectos industriales forzados.
“El resultado es previsible: es la crónica de un fracaso anunciado”, dijo.
Para el investigador, seguir inyectando recursos a empresas estatales o seguirlas creando es derrochar los pocos recursos que se tienen y descuidar otras áreas, como salud, educación, entre otras.
Asimismo, el economista Germán Molina señaló que la administración fiscal no es una de las más positivas, y el aumento del déficit fiscal revela que no se cuenta con recursos para llevar adelante mayor gasto.
“La creación de una empresa pública significa que van a incurrir en mayor gasto, que a los primeros años va a incrementar el déficit fiscal. Por esta razón, no es adecuado que se continúe con la creación de empresas públicas”, aseguró.
Molina indicó que si hay una demanda de una planta de urea, biodiésel u otras, estas iniciativas se deben dejar en manos del sector privado.
“Que el mercado determine quién va a establecer esta empresa, los privados analizarán las condiciones del mercado, precios, producción para conseguir capital, esto va a generar empleo”, agregó.
Al quedarse en el sector público, según Molina, se estarían usando los escasos recursos con los que se cuenta y se incrementaría el déficit fiscal, algo que, en el mediano y largo plazo, tendrá consecuencias que se traducirían en una elevada tasa de inflación.
Para el economista Darío Monasterio, el Estado ha demostrado ser un mal administrador de la cosa pública y debe cambiar su política debido a que las empresas estatales han tenido un déficit de 350 millones de dólares en 2021 y actualmente se vive el noveno año consecutivo de déficit fiscal.
“Esto genera un hueco en las arcas fiscales en las que ya tenemos una deuda que llega al 80 por ciento del PIB, es decir, estamos superando todos los límites y se esperaría un cambio de chip de parte del Gobierno”, dijo.
SUGIEREN ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS
El economista Darío Monasterio cuestionó que el Gobierno no toma en cuenta la sugerencia de establecer alianzas público-privadas que sustituyan la inversión pública para proveer bienes y servicios públicos. La propuesta es que las empresas privadas hagan ese trabajo y así alivianar las finanzas públicas y generar empleo.
