Dura es la realidad que refleja el último estudio realizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) sobre la pobreza en Bolivia. El documento arroja como resultado que el 65% de los hogares ha visto disminuir sus ingresos y el 80% tiene dificultades para llegar a fin de mes o les alcanza justo.
La situación llevó a que cuatro de cada diez familias reduzcan sus gastos en alimentos nutritivos y la mitad se endeude para poder cubrir sus gastos.
No obstante, en diferentes oportunidades el Gobierno del presidente Luis Arce Catacora ha sostenido que la economía está siendo bien manejada. Para dar fe de esta situación la administración se jacta de tener controlada la inflación y de encaminar una política de reconstrucción económica.
El dato corresponde al estudio Pobreza multidimensional y efectos de la crisis del covid-19 en Bolivia, el documento contiene un amplio análisis y evidencias de los cambios acaecidos en todas estas dimensiones, con base en la Encuesta Pobreza Multidimensional y covid-19 realizada a una muestra de 878 hogares entrevistados en forma presencial entre los meses de mayo y julio de 2021 con una cobertura nacional.
Parte de este estudio fue publicado en Alerta Laboral que el Cedla mensualmente realiza y donde analiza la coyuntura económica del país.
¿Qué dice el estudio?
La encuesta del Cedla refleja el acceso desigual que tiene la población a recursos monetarios y no monetarios, como oportunidades para tener trabajo, salud y educación, que se profundizaron durante la pandemia en 2020 y no cambiaron durante el 2021. Tomando en cuenta que antes de la emergencia sanitaria, el 62% de la población —alrededor de 7,1 millones de personas— era pobre.
El sondeo realizado por la organización afirma, en sus primeros análisis, que el 65% de los hogares ha visto disminuir sus ingresos y el 80% señala que ya no les alcanza para llegar a fin de mes o que les alcanza con lo justo.
“Tal como sucedió al inicio de la pandemia, para cubrir sus gastos los hogares recurren al uso de sus ahorros, a la venta de activos, a un menor consumo (alimentos, educación y salud) o a nuevos préstamos en dinero y en especie”, sostiene el documento.
El estudio añade que “el 48% de los hogares estaba endeudado y, en la mitad de estos, se informaba que no estaban pudiendo pagar sus deudas”.
En este escenario gris y a consecuencia de la disminución de ingresos y de las restricciones para sostener los procesos productivos en algunas regiones, los hogares —en particular, los más pobres— enfrentan dificultades para acceder a los alimentos en la cantidad y calidad adecuadas.
“Cuatro de cada 10 hogares disminuyeron el consumo de alimentos nutritivos (carnes, frutas, verduras y hortalizas); dos de cada 10 no tenían alimentos suficientes para desayunar, almorzar o cenar; y en uno de cada 10 personas durmió con hambre”, agrega el documento.
La entidad agrega que uno de los resultados de la caída de los ingresos durante la pandemia fue la mayor inseguridad alimentaria.
En este escenario, el documento asegura que la seguridad física de las personas está cada vez más amenazada debido a que los efectos económicos y sociales de la pandemia que han exacerbado los factores de riesgo y han debilitado los factores de protección a una vida libre de violencia.
La entidad agrega que uno de los resultados de la caída de los ingresos durante la pandemia fue la mayor inseguridad alimentaria.
En este escenario, el documento asegura que la seguridad física de las personas está cada vez más amenazada debido a que los efectos económicos y sociales de la pandemia que han exacerbado los factores de riesgo y han debilitado los factores de protección a una vida libre de violencia.
Así también, la pérdida de empleos asalariados formales todavía no se logra revertir. Ahora, según el Cedla, solo hay un trabajador asalariado por cada dos independientes y familiares no remunerados.
“La ocupación informal o sin derechos laborales aumentó hasta el 71%, abarcando a la mitad de los asalariados y a casi todos los independientes”, destaca el estudio.
El economista, Germán Molina, señaló que si bien en 2021 el país registró un crecimiento del 6,11% el mismo no pudo compensar la caída de -8,74 % registrado en 2020.
Por eso, según el economista, el estudio del Cedla demuestra que no se logró la recuperación económica del país “porque se necesitaba una tasa de crecimiento económico de dos dígitos”.
El experto cuestionó que pese a que la economía está ralentizada el Gobierno “continuaría las políticas públicas, hacia la construcción de un sistema económico alternativo al capitalismo”.
“Para esto usará todas las ocasiones que se presentan para debilitar la presión del capital privado sobre el excedente económico, pese de la vulnerabilidad de nuestro país a las condiciones adversas de los factores externos e internos prevalecientes en la actualidad que resultaría en un escenario económico de recesión y elevada inflación mundial”, dijo.
El especialista de finanzas, Jaime Dunn, sostiene que a nivel macro las cifras presentadas no coinciden con la realidad que vive en el país.
“El Gobierno, con toda su propaganda, busca grandes resultados en el Producto Interno Bruto (PIB) y concentrarse solo en ese indicador que ensombrece la realidad que está en el bolsillo de las personas”, sostuvo el especialista.
Para Dunn a nivel micro, las personas no sienten la recuperación porque ni siquiera se llegó a los niveles de crecimiento que se tenían previo a la pandemia.
“Esto está creando una situación donde las expectativas están lejanas de la realidad. La gente ve lindos números y está esperando que eso afecte de manera positiva a sus bolsillos”, aseguró.
Se consultó al Ministerio de Economía y Finanzas, sobre el artículo del Cedla, no obstante, hasta el cierre de edición no contestaron las consultas de EL DEBER. Pero, según el reporte de la agencia oficial ABI, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro dijo que el mayor flujo de actividad económica se evidencia a través del crecimiento económico de la gestión 2021 de 6,1%; donde los sectores que más se expandieron fueron minería (37,7%); construcción (17,9%); transporte y almacenamiento (21,8%); electricidad, gas y agua (7,8%); comercio (7,0%); e industrias manufactureras (3,9%), principalmente.
