Por: Daniela Stevens
División de Estudios Internacionales, Centro de Investigación y Docencia Económicas
A pesar de la lejanía geográfica, América Latina vivirá las consecuencias de la guerra en Ucrania de distintas maneras. Los precios más altos de los energéticos conducirán casi inevitablemente a que el costo de la electricidad aumente en los países importadores de energía, y dado que insumos como el gas natural sirven como materia prima, los precios de los alimentos también seguirán en aumento. Mientras los precios de la energía y los alimentos se mantengan elevados, la inflación se acelerará y se mantendrá a la alta en la región, lo que reducirá el poder adquisitivo, especialmente entre los latinoamericanos más pobres.
Algunos gobiernos ya están subsidiando la energía o considerando eliminar impuestos temporalmente. Brasil considera reducir el impuesto a productos industrializados, mientras que México suspendió temporalmente el impuesto especial a productos y servicios, lo que significa que no alcanzará sus objetivos fiscales o recortará el gasto. Asimismo, la presión cambiaria se podría agudizar debido al endurecimiento monetario en Estados Unidos, a la incertidumbre política por las elecciones en Colombia y Brasil, las transiciones en Perú y Chile, y a las preocupaciones sobre el acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la refinanciación de su deuda. Si los Bancos Centrales deciden subir las tasas de interés, el acceso al crédito será más restringido y costoso, lo que podría a la vez generar problemas de liquidez.
Podemos aprender mucho sobre qué no hacer ante la horrorosa invasión rusa en Ucrania. Esta tragedia nos ha dado, además de pérdidas humanitarias irreparables, una lección profunda en materia de energía: es una lección en diversificación. Las graves consecuencias de la crisis geopolítica –aparejada con la crisis climática– nos demuestran que procurar la seguridad energética significa diversificar las opciones disponibles –al contrario de lo que plantean aquellos a favor del nacionalismo energético.
Para ilustrar el punto tomemos a Venezuela, Brasil, y Argentina. El caso venezolano nos advierte sobre los valores que están detrás de los energéticos. Hace 15 años, las sanciones económicas a la petrolera venezolana PDVSA ocasionaron que Rusia se volviera un proveedor de petróleo para Estados Unidos. En marzo de 2022, altos funcionarios de Estados Unidos visitaron al presidente Nicolás Maduro, buscando nuevamente diversificar sus fuentes de petróleo y generaron especulaciones sobre un posible aligeramiento, aunque no levantamiento, en las sanciones.
Las decisiones que derivaron en sanciones en Venezuela tuvieron que ver con prácticas antidemocráticas, corrupción, y abusos a los Derechos Humanos, mismas que permanecen a pesar de la sed petrolera mundial. El petróleo venezolano es atractivo por sus precios deprimidos y su cercanía geográfica, pero, ¿qué tan ético es depender de países que usan su petróleo para mantener gobiernos autoritarios o para invadir a otros países? ¿O de empresas petroleras que no cumplen con los estándares mínimos ambientales, sociales y de gobernanza corporativa? Venezuela se ajustó a las sanciones bajando su producción petrolera, por lo que una potencial demanda estadunidense sólo le ayudaría a incrementarla.
Brasil es un caso distinto, pero que también aporta al tema de la diversificación energética. La demanda brasileña –y de América Latina– de gas natural licuado (GNL) alcanzó récords históricos en 2021, y se espera que siga creciendo. La energía hidroeléctrica, que alguna vez fue de las más confiables en el país, continúa recibiendo duros golpes debido a la crisis climática. En 2021, Brasil experimentó la peor sequía en 91 años; la falta de suministro de agua afectó negativamente la generación de energía y como consecuencia a sus precios.
Aunado a ello, la caída en la producción de gas natural en Bolivia del 25 % en los últimos 5 años (INE, 2021) ha perjudicado a Brasil, que importa grandes volúmenes de gas boliviano.1 Brasil es productor de gas natural, pero además de incrementar su propia producción, será necesario que amplíe su capacidad de importación y promueva las energías renovables para satisfacer la creciente demanda, dado que la incertidumbre sobre la producción de gas de Bolivia en el futuro permanece. A pesar de los nuevos hallazgos de reservas, Bolivia carece de recursos para la exploración, y sigue atendiendo su creciente demanda interna.
Argentina cuenta con amplísimas reservas de gas natural no convencional, pero tiene una capacidad limitada para transportar y exportar este recurso. Para satisfacer la demanda interna, Argentina también debe importar GNL de Bolivia. Los precios altos del gas tras la crisis ucraniana tendrán impactos negativos en la capacidad de Argentina para honrar sus compromisos con el FMI y mantener su economía estable.
No hay un solo camino para transitar hacia la descarbonización, o por lo menos, para disminuir la dependencia en combustibles fósiles. Colombia, por ejemplo, tiene también una economía petrolera y carbonífera, aunque directivos de la paraestatal Ecopetrol han comenzado a pensar de manera estratégica en cómo operar bajo un tipo diferente de mercado energético y cómo convertirse en una empresa energética en lugar de ser sólo una empresa petrolera. La compañía está diversificando su modelo de negocios para incorporar la electricidad, por lo que recientemente adquirió una planta de transmisión de energía limpia. El presidente colombiano Iván Duque además ha propuesto mecanismos internacionales de canje de deuda a cambio de medidas de adaptación, y anunció a inicios de 2022 que expandirá la «Operación Artemisa,» que combate la deforestación, a la protección de los océanos y los arrecifes de coral.
Hay posibilidades que pueden explorarse en la región, como la captura de carbono y el hidrógeno verde, pero no existe una sola tecnología, política, o regulación que vaya a salvar al planeta. Algunos países están mejor posicionados para ser campeones de la transición como consecuencia de su ubicación geográfica y dotación de recursos. Perú y Chile, por ejemplo, son los mayores productores de cobre y otras materias primas necesarias para una revolución verde. Se espera que la demanda de cobre, y por lo tanto, su precio, continúe en aumento hasta 2040 dado su uso en la ampliación de redes de transmisión, en tecnologías renovables, y en vehículos eléctricos.
Los países que componen el “triángulo del litio,” Chile, Bolivia y Argentina, también tienen amplias oportunidades para posicionarse como líderes de la transición energética, pues concentran más del 80 % de las reservas mundiales de este recurso. El litio es necesario para una tecnología decisiva, el almacenamiento de energía en baterías. Sin embargo, estos países enfrentan, en diferentes medidas, una serie de obstáculos para aprovechar la relevancia estratégica del litio.
Argentina no tiene un marco regulatorio claro. Dado el carácter federalista del país, sus marcos normativos, el federal y los provinciales, se traslapan y causan riesgos y contradicciones en la adjudicación de licencias. A pesar de ello, en Argentina operan empresas japonesas, australianas y chinas.
En Chile, el Ministerio de Minería ha adjudicado contratos para la explotación que generaron críticas por parte de activistas ambientales. El mismo presidente Gabriel Boric ha considerado a estos contratos como “una mala noticia,” y planteado la necesidad de crear una empresa nacional del litio que incorpore las necesidades de desarrollo con las consideraciones ambientales y comunitarias.2
Bolivia administra el litio a través de la empresa estatal Yacimientos de Litio Boliviano. Este país aún no ha iniciado su industria de forma efectiva, y necesitará de aliados internacionales para explotar su potencial. Desde su primer periodo presidencial en 2006, Evo Morales se comprometió a que el litio fuera el impulsor del desarrollo, aunque las crisis política y económica por la recuperación poscovid frenaron estas intenciones. Bolivia ha firmado contratos con Alemania y China, aunque su producción sigue por debajo de la de otros países sudamericanos.
El almacenamiento en baterías, y por lo tanto el litio, serán clave para transitar de energías fósiles a las energías solar y eólica. Ya hay más de 150 proyectos de almacenamiento en la región, aunque los proyectos son muy pequeños y por lo tanto de autoabasto. Si la producción de estos minerales aumenta, el impacto en la economía de los productores será relevante, aunque dependiendo de la regulación minera y estructura tributaria de cada país.
Sería ilusorio negar que los combustibles fósiles seguirán siendo un componente crítico en la región, en particular el gas natural, la crisis en Ucrania sin duda incentiva la producción de crudo y gas. No obstante, el problema de apoyarse excesivamente en los combustibles fósiles es que la inversión en infraestructura genera y perpetúa un “bloqueo” de carbono, es decir, una vez que un gobierno ha invertido grandes cantidades en infraestructura, seguirá utilizando esa tecnología durante décadas. Por lo tanto, crear estrategias integrales para abandonar la dependencia de este tipo de recursos debe ser prioridad. Confiar únicamente en el gas no es una decisión responsable ni inteligente; la diversificación, no solo por el bien del planeta sino por el bien de la seguridad energética, es fundamental.
Pensar que el cambio climático es un problema que los adultos de hoy dejaremos a las “futuras generaciones” es una posición sumamente privilegiada. El informe más reciente del Panel Intergubernamental en Cambio Climático3 presenta los impactos catastróficos de la crisis ambiental hoy. Su conclusión principal advierte que los efectos del cambio climático se están manifestando de manera más rápida y extrema de lo que se pensaba originalmente: en la década 2010-2020, la mortalidad por inundaciones y sequías fue 15 veces mayor que en la década anterior. Más de tres mil millones de personas, 1 de cada 2 en el mundo, viven en contextos altamente vulnerables, por lo que además del daño a los sistemas naturales, la crisis ha desembocado en crisis humanitarias e inseguridad alimentaria.
Con suerte, el informe podría influir en los debates nacionales e internacionales sobre mitigación, adaptación, pérdidas y daños. No obstante, el panorama regional no es alentador. En Venezuela, el peligro es que tanto Maduro como Guaidó abogan por explotar las reservas petroleras para continuar con el desarrollo del país. Brasil tiene una de las expectativas de producción de petróleo más altas en los próximos diez años de un país no-OPEC. Países como México y Ecuador han decidido socavar sus presupuestos de investigación y educación, con el fin de obtener los recursos para enfrentar la recesión o construir megaproyectos no sustentables. Esto significa una pérdida de capital humano, de investigación valiosa y, a un nivel macro, la pérdida de la oportunidad de escapar de la “trampa de ingresos medios” mediante el desarrollo de industrias verdes de alto valor añadido.
