Fueron elegidos hace un año. Los nueve gobernadores, además de los 327 alcaldes del país, celebrarán el primer año de su mandato dentro de pocas horas. Eso sí, las autoridades departamentales, particularmente de la oposición, enfrentan procesos legales y reclamos por la ausencia de una “agenda estratégica” respecto al desarrollo de sus regionales, además este es el año del Censo.
El gobernador de La Paz, Santos Quispe, por ejemplo, respondió a dos denuncias por el uso ilegal de bienes del Estado. La madrugada del 1 febrero fue sorprendido bebiendo en su despacho y por poco termina en prisión preventiva acusado de uso ilegal de bienes del Estado. La Fiscalía llegó a aprehenderlo y un juez determinó arresto domiciliario, una restricción levantada el 27 de abril.
“Tengo todas las ganas de trabajar. Me ha perjudicado este juicio porque no me dejaban salir los domingos a hacer gestión y tampoco podría trabajar desde las 21:00”, reclamó la autoridad, que ya estaba siendo investigado por otro hecho parecido. En junio fue acusado de dañar un vehículo de su despacho por conducir ebrio.
La autoridad paceña fue elegida por la agrupación Jallalla, pero ya no cuenta con ese respaldo político en la Asamblea regional por problemas internos, recordó el politólogo Marcelo Arequipa.
Quispe logró el puesto en elecciones de segunda vuelta; rompió también con la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, y no coordina con el alcalde de La Paz, Iván Arias.
Hay más. Varias regiones se movilizaron el año pasado contra las llamadas “leyes malditas”, vinculadas con los controles del Estado a las finanzas particulares para frenar casos de lavado de dinero. Líderes cívicos y autoridades regionales contrarias al MAS reclamaron excesos y se movilizaron. Por efecto de esas protestas, la Fiscalía aceptó denuncias de sectores del oficialismo y decidió imputar al gobernador de Tarija, Óscar Montes, y al alcalde Jhonny Torres de la capital de ese departamento, quien se declaró sorprendido “por la rapidez con la que la Fiscalía reaccionó”.
De hecho, el principal dirigente de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija, Aldo Velásquez, fue quien acusó a las autoridades y cívicos de ese departamento por instigar a delinquir, entre otros delitos.
Además, la fiscal de Tarija, Sandra Gutiérrez, anunció un requerimiento para reabrir una acusación contra Montes por presunta legitimación de ganancias ilícitas. Este caso tiene más de 10 años.
Gutiérrez fue ministra de Justicia entre 2014 y 2015, durante la era del presidente Evo Morales.
Arequipa señaló que la percepción ciudadana que no aprueba la gestión de sus gobernadores está relacionada, básicamente, con la crisis económica provocada por la pandemia, pero también por la falta de cohesión social de las organizaciones políticas que llevaron a autoridades contrarias al MAS a las gobernaciones de sus departamentos. “Se trata de organizaciones políticas con poco tiempo de existencia, nacieron ayer y sustentan a gobernadores. Nacen con la idea de contrarrestar al MAS y no necesariamente para ofrecer una alternativa de desarrollo regional”, afirmó el experto.
Además, Arequipa consideró que aún se siente el coletazo de la crisis política de 2019. Ese año, especialmente en Santa Cruz, se desarrolló una protesta cívica que duró 21 días contra la intención de Evo Morales de prorrogarse en el poder y para rechazar los resultados a las elecciones que terminaron por ser anuladas.
De hecho, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, enfrenta al menos cuatro procesos legales y uno de ellos tiene que ver con un supuesto golpe de Estado, “terrorismo y sedición”. Fue convocado a declarar a La Paz por estos cargos, pero la Fiscalía postergó la vista legal. Igual, Camacho compareció en otro caso que el Ministerio Público activó a finales de marzo por el decreto 373 sobre la designación, presuntamente ilegal de su cargo interino. Hubo una requisa en las dependencias de la administración departamental y el MAS exigió que comparezca en La Paz, ante la Comisión de Autonomías de la Cámara de Diputados. “Esa es la actitud que tiene el MAS, queriendo dañar la gestión, buscando una situación de mentiras y queriendo desinformar a la ciudadanía con los hechos ocurridos, pero aquí no tenemos nada que esconder” declaró Camacho ante los fiscales que indagan sus acciones.
La administración departamental, asimismo, denunció al exgobernador Rubén Costas por un supuesto desvío de fondos para la publicidad política en favor de Demócratas. Este caso provocó tensiones entre líderes cruceños.
“Las peleas políticas locales han dejado a Santa Cruz sin rumbo, sin agenda de corto ni largo plazo, en ‘piloto automático’. Si no fuera la potencia del sector privado nuestro destino sería más triste. Urge definir una agenda mínima de desarrollo desde el sector público que marque el rumbo de nuestro futuro como departamento”, señaló Gustavo Pedraza, dirigente de Comunidad Ciudadana.
A la lista de autoridades investigadas se suma el gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, que aún es investigado por el desfalco del Fondo Indígena. El secretario de la Fiscalía, Edwin Quispe, señaló hace poco que esta pesquisa aún está vigente.
La Fiscalía también investiga a Jhonny Mamani, el gobernador de Potosí, por la fallida compra de 41 ambulancias. El proceso avanza lento y hay críticas desde la oposición. El MAS no activó ninguna iniciativa desde el Legislativo para poder esclarecer este escándalo.
En las elecciones del 7 de marzo de 2021, fuerzas políticas contrarias al MAS ganaron las gobernaciones de Santa Cruz, Beni y Tarija. Un mes y medio después, el partido gobernante perdió en segunda vuelta los departamentos de Chuquisaca, Pando y La Paz.
“Si la autoridad no es parte del partido de Gobierno a nivel nacional, pues la intención es no acercarse demasiado para apoyarlo y, por otra parte, gran parte de ellos han entrado con un influjo más político en términos ideológicos que en términos de la oferta programática”, añadió Arequipa.
La semana pasada el gobernador de Beni, Alejandro Unzueta, se reunió en Santa Cruz con representantes de algunos sectores privados para gestionar apoyo para impulsar proyectos ecoturísticos en su departamento. Aseguró que recibió una gobernación endeudada y “en toco”.
En esa línea, el exdiputado Fabian Yaksic, quien fue viceministro de Autonomías, afirmó que las gobernaciones, en general, no tienen una “visión estratégica”. “No tienen definida una agenda de temas que son vitales y que están afectando el futuro de los departamentos”, remarcó y sugirió la necesidad de reparar en el tema ambiental y respaldar a los municipios, sin descuidar el desarrollo de una agenda económica que permita generar recursos y empleo “para poder enfrentar la crisis provocada por la pandemia”.
Arequipa señaló que resultará más estratégico “el control social para que las personas que sean censadas sean realmente del lugar donde viven”. Tras el censo, previsto para noviembre, la actualización de información se procesará en el curso un año. En función de estos datos, los departamentos y municipios recibirán las asignaciones de la coparticipación tributaria. Asimismo, el Censo provocará un ajuste de escaños en el Legislativo.
