Las autoridades se ‘acostumbraron’ a que los petardos y la violencia entre los vecinos sean ‘normalidad’.
Mientras tanto, varios de ellos, como los miembros de la Comisión pro Límites entre Cotoca y Santa Cruz de la Sierra, Conaljuve y vecinos del barrio Santa Lucía, tanto en la zona Trapiche como Zaragoza, advirtieron que, de proseguir con la delimitación en las condiciones actuales, los enfrentamientos empeorarán porque cuestionan el procedimiento.
Munidos de expedientes y documentación legalizada dieron a conocer sus observaciones. Ya en diciembre de 2021 enviaron una carta al alcalde Jhonny Fernández, exigiendo no la revisión, sino la anulación de todo el proceso administrativo de conciliación de límites, al haber sido homologada con anterioridad la mancha urbana de la capital cruceña, según Resolución Suprema 221842, en junio de 2003.
Asimismo, los denunciantes reclaman las irregularidades en las actas conciliatorias 25, 26, 27, 28 y 29, que a pesar de ser de distintos barrios, son firmadas prácticamente por los mismos representantes de clubes de madres, etc.
Entre otros problemas que está ocasionando el desacuerdo, sobre un mismo lote aparecen títulos paralelos de Santa Cruz de la Sierra y de Cotoca.
Ya antes el concejal Manuel Saavedra, si bien no ha participado en la alusión directa al conflicto de límites, denunció la compra y venta de lotes en terrenos municipales por la zona.
“Yo llevé al concejal y él pudo evidenciar cómo se negocian las áreas verdes”, dijo Chela Martínez, vicepresidenta de la Comisión pro Límites y presidenta de la junta vecinal barrio Santa Lucía (zona Zaragoza).
Sobre este punto, Saavedra informó que ya hizo petición de informe escrito, que debe ser respondida esta semana.
Martínez lamentó que se estén alambrando espacios comunes, entre ellos la única cancha del barrio, y apuntó a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra por no desarrollar obras, ni siquiera poner un letrero que alerte sobre el tipo de terreno, bajo la excusa del conflicto de límites.
“Nosotros compramos esto a José Luis Masanés de Chazal, la Alcaldía cruceña le exigió casi 40% de todo el terreno para áreas verdes. Si hay ese conflicto de límites, por qué la Alcaldía exigió y aceptó ese 40%”, cuestionó.
Específicamente sobre Santa Lucía (Zaragoza), Lidia Rodríguez, ejecutiva para Santa Cruz de la Conaljuve, dijo que el problema era que no se podía obtener el derecho propietario por la ley vigente de Participación Popular, que exigía el 40% de áreas verdes, como era el caso de José Luis Masanés, pero que ahora, las leyes 247 y la 803 ya no exigen eso.
Explicó que actualmente todos los barrios pueden hacer su planimetría y obtener su derecho propietario, tanto por adjudicación como por usucapión por la misma Ley 247, y que no se requieren áreas verdes.
“Por hacer un bien, para que todos puedan tener sus derechos propietarios, es donde vemos el problema de las áreas verdes. Y como los loteadores saben que ya no se necesitan áreas verdes, son las mismas alcaldías las que lotean esas áreas verdes, y resulta que aparecen dueños”, denunció.
Martínez también dijo que aparece como propietario de los terrenos Juan Carlos Gutiérrez Cuéllar, a quien nadie conoce ni ha podido ubicar.
Otro serio problema es el que se ha ocasionado al barrio Santa Lucía en la zona de Trapiche, donde desde 2013 existe orden de desalojo para 300 familias, con papeles registrados en Derechos Reales de Cotoca, ya que se sobrepuso una urbanización completa, de nombre Bella Brisa.
Según Joaquín Rojas, directivo del barrio Santa Lucía, zona Trapiche, los terrenos fueron comprados a Líder Muñoz, pero apareció como demandante es Franklin Lijerón, al que apuntaron como “palo blanco de Negro Gil. Tenemos todos sus papeles, todo eso es trucho. Franklin Lijerón llega con papeles de Cotoca. Justo cuando metimos nuestros planos a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra para la reestructuración del barrio y uso de suelo copiaron nuestros planos. Venimos con este trámite desde 2015, pero en Cotoca sacan papeles en una semana”, dijo.
Rojas cuestionó la legalidad de los papeles registrados en Cotoca, ya que este municipio no cuenta con mancha urbana aprobada. “Los loteadores llevan un plano y Derechos Reales solo registra”, cuestionó.
Sobre Santa Lucía (Trapiche), Lidia Rodríguez, dijo que el amparo para desalojo Franklin Lijerón lo consiguió como fundo rústico de Cotoca, y lo que corresponde al ser fondo rural, es acudir al INRA.
“Lijerón se prende de Nemesia Achacollo y es ahí donde aprueba sus planos por Cotoca. Mandan al INRA. Yo también fui al INRA y mostré la mancha urbana de Santa Cruz de la Sierra, entonces el INRA respondió, ‘sobrepuesto en 100% a Santa Cruz de la Sierra’, y a pesar de eso la sala cuarta sigue queriendo que valgan los planos de Cotoca, así que estoy denunciando a los vocales como control social. Con la respuesta del INRA ya no corresponde ni al INRA ni al Instituto Geográfico Militar”, dijo.
Tanto Martínez como Rodríguez, Rojas y Henry Pedraza, presidente de la Comisión pro Límites, personas específicas de las pasadas gestiones municipal (Desirée Bravo y Andrés Gallardo) y Gobernación tienen responsabilidad en el asunto, además del ex edil de Cotoca, ´Coco’ Añez, y el actual, Julio Alvis. “Hay negociado, todos tienen su mordida en esto”, aludió Pedraza, y también atacó a las gestiones actuales, municipal y departamental, por mirar hacia otro lado.
Según Pedraza, estos problemas empezaron a “cocinarse desde 2010, de forma maquiavélica”. Dice que fueron metiendo OTB’s en la franja que hoy está en conflicto, y que cuando se armó la conciliación de límites, siendo él dirigente de junta vecinal, lo excluyeron de las reuniones, lo sacaron con policías, y denunció que fruto de investigar y cuestionar fue encarcelado cuatro meses, junto a otras personas, por el problema del barrio Patujú.
Esta serie de denuncias salió a flote luego de que el alcalde de Cotoca, Julio Alvis, anunciara públicamente la conclusión del proceso de conciliación de límites, con un 98% de aprobación y 2% de disconformidad, que se someterá a referéndum, para decidir a qué municipio quieren pertenecer. En este 2% está el barrio Santa Lucía.
La Gobernación y la Alcaldía de Cotoca entregaron la documentación sobre el proceso de conciliación de límites al Viceministerio de Autonomías, para que se remita el proyecto a la Asamblea Legislativa Plurinacional, que deberá promulgar una ley de límites entre ambos municipios.
Martínez dijo que no es real lo del 2% y que se hace sospechoso que los dirigentes de las OTB estén pidiendo a los vecinos copias de sus facturas de servicios, quizás para “manipular el referéndum”.
Al momento del anuncio del fin del proceso de conciliación, el director de Gestión Urbana de Santa Cruz de la Sierra, Gabriel Montalvo, manifestó su rechazo al proceso y pidió revisión, por las denuncias de los dirigentes excluidos y porque la propuesta de Cotoca es invasiva, ya que no respeta el área urbana homologada del municipio cruceño, de acuerdo a la Resolución Suprema 221842 del año 2003. “El viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción ha tomado conocimiento de estas irregularidades”, indicó en esa fecha.
