Según datos publicados la semana pasada por el Servicio Geológico de Estados Unidos, Bolivia posee la mayor cantidad de reservas de litio a nivel mundial, con 21 millones de toneladas. En este contexto, el experto en derecho de asuntos energéticos Iver von Borries cuestiona al Gobierno por no acelerar la explotación de este metal y sugiere normas claras que delimiten las competencias del Estado y de las empresas privadas interesadas en invertir.
El presidente de la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Carlos Ramos, a través de un boletín oficial, informó ayer que el proyecto de explotación del litio avanza en las pruebas piloto con las empresas seleccionadas para la Extracción Directa del Litio (EDL).
Sin embargo, Von Borries dijo que la explotación del litio y el valor agregado que se le añada a éste requiere de normas claras, puesto que “no basta con un enunciado constitucional y escuetas normas que pretendan regularla”.
“Se requiere de una ley especial que delimite las competencias y participación de YLB, así como del Gobierno departamental productor y de las empresas privadas interesadas en invertir”, apuntó el experto en un artículo publicado en la revista Energía Bolivia.
Von Borries planteó las alianzas público-privadas como el instrumento jurídico idóneo para que todos los actores obtengan réditos y se trabaje en asociaciones de largo plazo que logren un retorno inmediato por la venta de la producción.
“Hoy el ‘tren del litio’ aguarda en la estación, sólo resta desear que a partir de este 2022 se active de una vez por todas una política energética eficiente, destinada a la explotación sistemática del litio a cargo de profesionales con un alto grado de formación”, agregó.
Las principales actividades enmarcadas en la explotación del litio se encuentran en el salar de Uyuni, Potosí; sin embargo, el viceministro de Altas Tecnologías Energéticas, Álvaro Arnéz, dijo que se trabaja en reactivar los proyectos en el salar de Coipasa, Oruro.
