La compensación por el impacto ambiental del Gasoducto Carrasco-Cochabamba como por el derecho de vía debieron hacerce efetivas antes de la construcción y de la entrada en operación del proyecto, señalan dos expertos.
YPFB Transporte S.A. decidió compensar con 1,6 millones de dólares a las comunidades de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba por impactos socioambientales derivados de la construcción del gasoducto, luego de 13 años.
El analista del sector Hugo del Granado explicó que para la construcción del gasoducto uno de los primeros requisitos que se debe cumplir es el pago por el derecho de vía.
Para obtener esto la empresa constructora debe expropiar o indemnizar o comprar y se los debe presentar totalmente saneado antes de iniciar obras.
“Las compesaciones a indígenas deben estar resueltas con el derecho de vía obtenido que significa el pago por expropiación de los terrenos por donde pasa el gasoducto”, precisó.
Luego de la construcción están los posibles daños medioambientales que deben ser remediados, es decir reponer vegetación y sacar elementos contaminantes a cargo de constructora.
El ducto comienza a operar una vez se que se constata la remediación ambiental.
Pero las comunidades indígemas pueden solicitar una compensación adicional porque las tierras pudieron ser productivas. Eso se lleva mediante acuerdos entre YPFB o la empresa operadora con comunidades. “Para todo eso hay plazos,pero es la primera vez en Bolivia y creo que en otras parte del mundo se está hablando de compensaciones luego de 15 años después de entrada en operacion del ducto”, observó Del Granado.
“ Quienes fueron afectados son los dueños de terrenos por donde pasa el ducto y a quienes ya se les debió pagar. El proceso amerita una investigacion, porque se podría estar haciendo un doble tipo de compensación por razones políticas, los llamados a hacer investigación son las entidades encargadas de tema ambiental y las instancias legislativas”, puntualizó.
El exsecretario de Hidrocarburos de la Gobernación de Santa Cruz José Padilla coincidió que la Ley del Medio Ambiente determina los aspectos a remediar y hacerse la compensación cuando se construyó la obra.
“No se puede cobrar luego de 13 años, ya no corresponde, la licencia ambiental se aprobó antes de los trabajos, habían plazos”, remarcó.
Agregó que por cualquier obra, ya sea carreteras, ductos que tengan algún impacto debe compensar por los impactos a las poblaciones en el momento que se empieza el proyecto.
El diputado de Creemos Edwin Bazán anunció que se solicitará una petición de informe escrito a las autoridades sobre las conclusiones del estudio de impacto ambiental para dimensionar las indemnizaciones que correspondían en su momento. “Lo cierto es que se ha excluido a cuatro comunidades indígenas de la compensación que solo llega a las seis federaciones del trópico”, indicó.
Página Siete solicitó a YPFB y al Ministerio de Hidrocarburos a través de sus oficinas de prensa una explicación sobre las comunidades originarias que quedaron fuera de la compensación económica, pero no se recibió respuesta.
La Contiocap denunció que la reparación por la construcción del gasoducto no llegó a cuatro pueblos indígenas: Yuracaré, Yuqui, Mojeño y Movima.
YPFB Transporte S.A anunció la semana pasada la compensación con 1,6 millones de dólares las comunidades de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba por impactos socioambientales derivados de la construccióndel gasoducto.
Informó que los impactos socioambientales fueron identificados en el proceso de consulta y participación finalizado en diciembre del 2007, realizado por el entonces Ministerio de Hidrocarburos y Energía. Los recursos serán invertidos por las comunidades en estaciones de servicio de provisión de gas natural, gasolina y diésel que beneficien a la zona con el 50% otorgado en 2021.
