En 13 años y medio (desde 2007 hasta junio 2021), los costos recuperables exigidos por las empresas petroleras sumaron 12.018,2 millones de dólares que el Estado les reconoce por los gastos de operación y la amortización de sus inversiones, según revela un informe de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). La renta petrolera sumó 39.868 millones de dólares en ese tiempo según el mismo informe. “La participación del Estado en el negocio petrolero es en promedio 74% del ingreso comercializado neto y 95% del ingreso bruto. La participación puede superar el 100% debido a que los prestadores de servicios están obligados a realizar el pago de impuestos y patentes, al margen de la utilidad que genere o no el negocio”.
La nota difundida por Página Siete en base al informe de YPFB señala que «De los 12.108,2 millones de dólares que reconoce el Estado por este concepto, 4.353,2 millones de dólares corresponde a los costos de operación (36,22%) en los que incurrieron las empresas desde 2007. Mientras que 7.665 millones de dólares son por la amortización de inversiones (63,78%) que el Estado devuelve a las compañías».
El informe también revela que los costos recuperables que hasta 2013 estaban por debajo de 748,2 millones de dólares, a partir de 2014 crecieron por encima de los 1.000 millones de dólares, según el informe. Cabe recordar que en 2015 el ministro de Hidrocarburos pasó a ser el tarijeñó Luis Alberto Sánchez.
El año en el que más se elevó este monto fue 2019 con 1.562,1 millones de dólares reconocidos por el Estado. A junio de 2021, el valor a retribuir a las empresas era de 475,6 millones de dólares.
Declinación de producción
Según la publicación de Página Siete, los datos coinciden con el proceso de declinación de la producción de gas natural a partir de 2015. Es decir, se paga más y la oferta disminuye.
De acuerdo con datos oficiales ese año se alcanzó 61,33 millones de metros cúbicos día (MMmcd); pero en 2020 se bajó a 43,52 MMmcd y a noviembre de este año se tienen 45 MMmcd.
El analista del sector Francesco Zaratti explicó que los costos de operación de los campos petroleros tienen que ver con salarios, servicios y otros.
Mientras que la amortización de las inversiones se refiere al capital destinado a la exploración y explotación, que asciende a 9.389 millones de dólares, incluyendo las inversiones anteriores a 2007 (Anexo G de los contratos de servicios).
Zaratti añadió que los casi 54.000 millones de dólares que se generaron desde 2007 por la comercialización de hidrocarburos se repartieron en un 74% para YPFB y 26% a las empresas petroleras, incluyendo a Chaco y Andina.
Por otra parte, los datos de YPFB revelan que en el período de análisis la retribución del titular de los contratos alcanzó a 19.042 millones de dólares (costos recuperados 10.655 millones de dólares y participación en las utilidades 8.387,9 millones de dólares). Este último valor es superior a los 6.425,6 millones de dólares que corresponden a la participación de YPFB.
De acuerdo con Zaratti, el total recaudado por el Estado por el ingreso operacional asciende a 95%. En cuanto al ingreso total de la venta de hidrocarburos, el Estado se queda con el 74% y las empresas con el 26%.
Para el analista, la elevada renta neta estatal (95% del ingreso operacional que en algunos años ha superado incluso el 100% debido a la utilidad “negativa” de algunos campos) lejos de ser un éxito, representa una barrera para las inversiones en el sector, considerando la existencia de campos grandes y pequeños.
En su criterio, este es el origen de la actual crisis de producción y reservas, y de la tendencia que existe de devolver a YPFB los campos petroleros en declinación. “Las cifras de las inversiones recuperables ocultan fracasos exploratorios realizados en campos bajo contrato, como ha sido el caso del pozo Boyui, explorado como parte del campo Margarita y, por tanto, con costos recuperables”, puntualizó.
Observó que la tendencia de los costos recuperables muestra que la recuperación de las inversiones supera con creces los costos de operación (64% versus 36%). Eso explica, dijo, por que las empresas petroleras prefirieron firmar los contratos de servicios petroleros con el fin de recuperar su inversiones y obtener buenas utilidades, sin obligarse a realizar inversiones exploratorias de riesgo. “La acelerada monetización de las reservas de gas interpela éticamente en torno a la justicia generacional. Considerando que el resultado de esos ingresos ha sido decepcionante para el desarrollo del país, qué dejamos a las nuevas generaciones”, expresó el analista.
