¿Es este el fin de la industria petrolera ecuatoriana? Así tituló un artículo en la influyente publicación OilPrice.com el martes 16. No es una pregunta ociosa. Cierto es, Yaku Pérez no estará en la segunda vuelta, pero que el portaestandarte de la lucha contra petróleo y minería, y proponente de un estilo bucólico de vida haya logrado el 20% de la votación para presidente, y que una consulta antiminera haya merecido el 80% de aprobación en la tercera urbe más importante, ponen al Ecuador en la palestra como primer país dispuesto a sacrificar tanto su actual principal rubro de exportación como el más prometedor en el futuro inmediato. Cabe otra lectura.
Que, contrariamente a lo que asumen los observadores externos, la ciudadanía ecuatoriana aún no relaciona las actividades extractivas con el auge económico. Que de no haber habido petróleo, no existiría en Quito ni la décima parte de los condominios que hoy dotan la ciudad, y las anchas vías, que serían menos, tendrían escaso tránsito de automóviles privados. Las empresas extranjeras que pagan buenos sueldos no habrían venido al país por tratarse de un mercado pequeño y poco atractivo. Que con supervisión estricta, se controla el daño ambiental.
El declive de la industria petrolera nacional es evidente. Se reducen las reservas y la producción. Pero no porque no exista petróleo, sino por malas políticas. Desde 2006 prima que sea el Estado el actor central. Se ahuyentó a las empresas privadas, y el Estado no invierte adecuadamente en exploración y desarrollo, puesto que el fisco absorbe hasta el último centavo para su gasto corriente. Sí se ha invertido en infraestructura de refinación y transporte, más de USD 5 mil millones, pero pésimamente: no hay una refinería que funcione con normalidad.
Atraer inversión extranjera en la búsqueda de petróleo se dificulta, ante la ofensiva de los activistas antipetroleros y el poco apoyo del resto de la sociedad a que el Estado se defienda. No hay sanción contra quienes sabotean las instalaciones petroleras y mineras. El entorno internacional no ayuda.
La perspectiva de una próxima caída del consumo mundial de petróleo aleja a las empresas de zonas conflictivas como la Amazonía. Los bancos europeos boicotean. El presidente Biden prioriza la lucha ambiental en su política latinoamericana.
¿Estamos los ecuatorianos dispuestos a que la industria petrolera nacional sufra una muerte rápida, ya no genere renta, incluso que tengamos que destinar ingresos fiscales para importar combustibles? Si es esta es nuestra opción, no tenemos derecho a esperar una vida de mejores condiciones materiales. Tampoco adecuados servicios públicos. Caso contrario, hay que urgir y apoyar al próximo gobierno a que priorice atraer inversión privada en petróleo y minas, que nos ayude a superar esta profunda crisis.
