El Banco Central de Bolivia (BCB) devolvió al Fondo Monetario Internacional (FMI) el crédito de $us 346,7 millones tramitado por el gobierno transitorio de Jeanine Áñez y anunció el inicio de procesos administrativos, civiles y penales a los actuales y exservidores públicos que participaron de la negociación y suscribieron el financiamiento.
El crédito, que no fue aprobado en la Asamblea Legislativa controlada por el MAS, fue “gestionado irregularmente”, pero además es “oneroso por las condiciones financieras” ya que hasta febrero representó $us 24,3 millones adicionales, de los que $us 19,6 millones son por variación cambiaria y 4,7 millones producto de comisiones e intereses, según el ente emisor.
En abril de 2020 se conoció de la “asistencia financiera” aprobada por el organismo financiero “para ayudar al país a enfrentar necesidades de balanza de pagos derivada de la COVID-19, respaldar los gastos médicos necesarios y medidas de ayuda para proteger el bienestar de la población”.
Áñez retomó contactos con el FMI, luego que el gobierno del expresidente Evo Morales, en sus casi 10 años de administración, decidiera romper con las políticas que traza el organismo internacional, al que acusó en reiteradas ocasiones de imponer políticas en desmedro de las grandes mayorías.
Los trámites para acceder al crédito fueron iniciados en la gestión del exministro de Economía José Luis Parada.
El ente emisor anunció procesos contra quienes fueron parte de estas gestiones por los costos que representaron para el Estado.
“Realizará las acciones administrativas, civiles y penales que correspondan en contra de todos los servidores y ex servidores públicos que resultasen con indicios de responsabilidad por su participación en el proceso de negociación, suscripción y operación del mencionado financiamiento con el FMI”, refiere una nota institucional.
Según el análisis del BCB, el crédito condicionó una serie de imposiciones fiscales, financieras, cambiarias y monetarias, “vulnerando de esa manera la soberanía e intereses económicos del país”.
El BCB, “como agente financiero del gobierno, en defensa de la soberanía económica del país y luego de realizar las gestiones administrativas necesarias ante el acreedor, efectuó el pago total de 351,5 millones de dólares estadounidenses de los cuales, 346,7 millones son el pago de capital, (19,6 millones de dólares estadounidenses por variación cambiaria) y 4,7 millones de dólares estadounidenses por intereses y comisiones, generando un costo financiero total al Estado Boliviano de 24,3 millones de dólares estadounidenses en sólo 9 meses de haberse desembolsado dicho instrumento”, señala el comunicado.
