El gobierno de Luis Arce ha puesto en marcha al menos 28 medidas con miras a la reactivación económica desde su posesión en noviembre de 2020. Expertos ven que la mayor parte de éstas están centradas en la demanda y en el papel del Estado en la economía. Sin embargo, ven poca coordinación con el sector privado.
La primera medida tomada por el gobierno de Luis Arce fue la reglamentación y la orden de pago del Bono Contra el Hambre, el cual fue una promesa hecha por el Presidente cuando asumió el mandato del país.
Posteriormente, el Presidente emitió otras normas menores como el Decreto Supremo 4400, el cual establece un programa de promoción al turismo interno, generando facilidades para que los funcionarios públicos puedan viajar a destinos dentro del país.
Otras normas fueron destinadas a la abrogación y modificación de medidas tomadas por el anterior gobierno, como diferimientos en el pago de tributos, la eliminación del régimen tributario para emprendedores Siete-RG, facilidades para exportadores y agroindustriales, entre otras. La justificación para la anulación de estas normas fue que estaban mal enfocadas y beneficiaban a muy pocos sectores.
Asimismo, el Gobierno impulsó y logró la promulgación de dos leyes prometidas durante la campaña electoral del año pasado: la Ley del Régimen de Reintegro en Efectivo del Impuesto al Valor Agregado (RE-IVA) y la Ley del Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF).
Más recientemente, el Ejecutivo emitió una normativa estableciendo un período de gracia de seis meses sin el pago de capital ni intereses para los prestamistas que difirieron sus créditos hasta el 31 de diciembre y opten por la reprogramación o refinanciamiento de sus empréstitos.
Enfocadas en la demanda
De acuerdo con el presidente del Colegio de Economistas de Bolivia (Coneb), Jorge Akamine, las medidas que se han tomado hasta ahora se están basando en una recuperación por el lado de la demanda, mientras que por el lado de la oferta aún no se han visto acciones concretas.
“Por el lado de la oferta aún no se han tomado medidas claras o contundentes que se encarguen de apoyar al sector privado. No hay un sentido de la oferta más que el tema de generar fondos de préstamos para atender necesidades de inversión.
El presidente del Coneb opina que hasta el momento no se han tomado medidas para incentivar la oferta, debido a que éstas requieren mayor coordinación entre los actores y son más complicadas de aplicar.
“Por el lado de la oferta el tema es más complejo porque poder ayudar a reactivar a las empresas privadas no se hace de forma inmediata, se debe apoyar a las empresas a través de la banca, pero eso sólo es una faceta; por otro lado, están los estímulos fiscales, que son los que pueden impulsar la reactivación del sector privado y por ese lado hay una ausencia de medidas, que en el anterior gobierno sí se dieron, pero en esta segunda etapa sería bueno saber al menos cuál es la intención del manejo económico por el lado de la oferta”, señaló.
Por su parte, el analista económico Jaime Dunn indicó que, hasta el momento, sólo se han tomado medidas iniciales que responden al cumplimiento de algunas promesas electorales y a contrarrestar los efectos de la pandemia de la Covid-19, pero que aún no se nota claridad en el rumbo económico que tomará el Gobierno en el futuro.
“Las medidas que se están tomando a la fecha también están todavía enmarcadas en una política económica orientada a contrarrestar los efectos de la pandemia. Dicho eso, gran parte de la política económica a mediano y largo plazo del Gobierno todavía no se ve con claridad”.
Dunn agregó que hasta el momento hay señales de que se quiere mantener un plan que siga el llamado Modelo Económico Social Comunitario Productivo, el Gobierno está consciente de que ese modelo, al estar basado en el sector estratégico (hidrocarburos y minería) que genera excedentes, ya se agotó.
“Sería aconsejable un plan económico que nos aleje más de la realidad de que somos aún un país con un modelo económico primario exportador. La crisis actual no puede ser solucionada con un modelo netamente estatista”.
El analista apuntó que el Estado sólo podrá solucionar la crisis económica mediante la participación activa y coordinada del sector privado.
“Con la coordinación y los estímulos adecuados, el sector privado como un aliado del Estado puede generar la inversión y los empleos necesarios para salir de la crisis en lo inmediato y abandonar el modelo primario exportador a largo plazo y construir una Bolivia industrializada y productiva”.
Arce se enfrentó a dos sectores
Por las medidas económicas tomadas, el gobierno de Luis Arce se enfrentó a al menos dos sectores económicos en lo que va de su gobierno: los exportadores y el sector financiero.
En las primeras semanas de diciembre, el Gobierno abrogó siete decretos promulgados por la entonces presidenta Jeanine Añez, entre ellos el DS 4139, que eliminaba las restricciones para la exportación de soya, así como otros que facilitaban el comercio exterior.
Esta medida fue recibida con resistencia por los sectores exportadores, que expresaron su molestia.
La medida en cuestión repone la exigencia de los certificados de abastecimiento interno, limitando el volumen de soya y sus derivados disponibles para su venta en el exterior.
El Gobierno, por su parte, señaló que el 80% de la oleaginosa podría ser exportado, ya que el mercado interno sólo consume entre el 15% y el 20%.
Respecto al sistema financiero, el Gobierno, mediante el DS 4409, prohibió a los bancos cobrar intereses sobre el saldo del capital durante el diferimiento que se estableció desde marzo hasta el 31 de diciembre del año pasado, a la vez que limitó las modalidades de pago de las cuotas diferidas a una sola.
Los representantes de la banca observaron esta medida como inconstitucional e indicaron que se ponía en riesgo la estabilidad del sistema.
Posteriormente, el Gobierno estableció periodos de gracia de hasta seis meses para quienes reprogramen sus créditos, sin tener que pagar capital e intereses, medida que, según los bancos, se tomó a sus espaldas.
