La Empresa Minera Inti Raymi (EMIRSA) denunció mediante una declaración pública que la justicia la obliga a contratar a “trabajadores que no trabajan” y dijo que en un reciente fallo un juzgado limitó su derecho a defensa.
EMIRSA explica en su comunicado que hace cinco años cerró sus actividades productivas debido a que los yacimientos se agotaron y desde entonces se aboca solamente al cierre medioambiental, pero que un Amparo Constitucional la obligó a seguir contratando a 21 trabajadores “que no trabajan” (ver adjunto).
“Desde entonces es que ese grupo de trabajadores obtiene un salario a pesar de que no realiza tareas productivas. Han sido cinco años en los cuales los trabajadores han recibido sus salarios mensualmente, sin ningún valor agregado a la empresa; en este tiempo EMIRSA ha pagado más de 21 millones de Bs por concepto de salarios a los trabajadores”, agrega el documento. Cada trabajador ha recibido un millón de bolivianos en los últimos cinco años, pese a no trabajar.
Agrega que “EMIRSA aplicando buenas prácticas empresariales, elaboró un presupuesto para cumplir con las obligaciones ambientales. Sin embargo, en ningún momento ese presupuesto contemplaba el pago de salarios y otras cargas sociales correspondientes a 21 trabajadores que virtualmente se han convertido en ‘rentistas’ de la empresa y ponen en riesgo el cumplimiento del plan de cierre ambiental”.
Inti Raymi desarrolló una actividad minera aurífera muy importante en el departamento de Oruro durante varias décadas, pero los yacimientos se agotaron progresivamente hasta que las actividades productivas se cerraron en 2015. Entonces desvinculó a sus trabajadores confirme a ley, pero 21 de ellos presentaron el amparo constitucional.
El comunicado agrega que varios de los trabajadores gozan de “comisión sindical” ya que son delegados ante la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia y la Central Obrera Departamental; llama la atención, dice, que siendo EMIRSA una empresa que ya no es productiva y se encuentra en cierre, su Sindicato tenga representación ante estos gremios de trabajadores.
Ante la situación, el 30 de noviembre de 2020 EMIRSA decidió nuevamente desvincular a todos sus empleados y trabajadores.
“Sin embargo, nuevamente los trabajadores presentaron una solicitud de reincorporación a la Jefatura Departamental del Trabajo en Oruro que les fue aceptada mediante una conminatoria de reincorporación y antes de que la empresa pueda objetar dicha conminatoria, presentaron un Amparo Constitucional ante una sala constitucional en Oruro, el cual en tiempo récord falló a favor de los trabajadores”, agrega.
Además, la empresa recibió el miércoles 6 de enero la notificación para la audiencia del amparo constitucional en su domicilio legal de la ciudad de La Paz, en horas de la tarde, para llevar a cabo la audiencia el jueves 7 de enero en la mañana en Oruro.
Por eso EMIRSA tuvo menos de 24 horas para preparar su defensa en una acción que claramente limitaba sus posibilidades de defensa.
